Gobierno detiene a civiles opositores y abre otra crisis

Entre los detenidos figuran dos alcaldes municipales de los poblados Porvenir y Bolpebra.

El gobierno del presidente Evo Morales reanudó esta semana la detención de civiles opositores en la región norteña de Pando, donde rige un estado de sitio por la matanza de 15 campesinos oficialistas, mientras la derecha acusó al mandatario de reflotar la crisis política en Bolivia.

El viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, uno de los principales responsables por la seguridad interna del país, confirmó que entre miércoles y jueves los militares detuvieron a 11 personas en Cobija, capital de Pando y fronteriza con Brasil, por desacato a un estado de sitio que rige en la zona desde mediados de setiembre. «Estas personas fueron detenidas en condición de confinados en aplicación estricta del estado de sitio (limitación de libertades constitucionales) que estable el decreto supremo», señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra. Entre los detenidos figuran dos alcaldes municipales de los poblados Porvenir y Bolpebra del departamento de Pando, y todos fueron trasladados desde la amazónica Cobija, hasta un cuartel militar en la localidad andina de Viacha, a unos 30 km al oeste de La Paz y a unos 3.800 m de altitud. Desde que Morales dictaminó el estado de sitio, suman 25 los arrestados en el regimiento militar, a quienes el poder Ejecutivo aseguró que mantendrá privados de libertad por lo menos hasta diciembre, cuando concluya la medida presidencial.

Todos están ligados al prefecto de Pando, el rebelde Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel pública de La Paz bajo el mismo cargo de desacato, a quien también el poder Ejecutivo señala como autor intelectual de una matanza en septiembre de 15 campesinos partidarios de Morales.

También murieron en incidentes conexos con esa masacre, un militar y dos civiles rebeldes.

La detención de civiles, que comenzaron apenas decretado el estado de sitio, desencadenó la huida de medio millar de bolivianos desde Cobija a la vecina Brasileia, en el estado brasileño de Acre, donde unos 70 solicitaron refugio, según un reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

De manera paralela a las detenciones, el gobierno solicitó a un juzgado ordinario de La Paz enjuiciar al prefecto Fernández y a otros cómplices, mientras que el gobernador, que ganó un recurso de hábeas corpus, denuncia como ilegal su detención y pide un juicio en la Corte Suprema de Justicia en Sucre. Las recientes detenciones motivaron la airada protesta del partido Podemos, la principal fuerza de oposición, que acusó al presidente Morales de reflotar la crisis política con «acciones ilegales».

«Lo que pretende el ministro (de la Presidencia) Juan Ramón Quintana (quien asumió la conducción política de las operaciones militares en Pando) con estas detenciones es provocar un nuevo escenario de conflicto», aseguró el senador opositor, Paulo Bravo.

Bolivia recuperó la tranquilidad hace dos semanas, con un acuerdo político en el Congreso, entre oficialistas y opositores, para aprobar una ley de convocatoria a referendo para validar la nueva Constitución, luego de que el gobierno aceptara modificar un 30% de los 414 artículos de esta ley fundamental.