Argentina pide repatriar los fondos de pensión

El gobierno argentino pidió a los fondos de pensión que repatríen 544 millones de dólares invertidos en Brasil, en tren de estabilizar el mercado interno de capitales, mientras el Congreso comienza a tratar el proyecto de estatización del sistema privado de jubilaciones, amenazado de quiebra.

«Hay un proyecto de resolución para repatriar los fondos comunes de inversión de Brasil, a los efectos de poder inyectar un mayor nivel de liquidez en el sistema financiero local», dijo el gerente de la Superintendencia de las Administradoras (de fondos jubilatorios)», Sergio Chodos. El funcionario gubernamental afirmó que «un depósito a plazo fijo en Argentina es el mejor refugio para esos activos porque en momentos de altísima volatilidad no sufre las fluctuaciones de precio que afectan a los bonos».

Chodos explicó que la repatriación de los 544 millones de dólares «es un programa que se concretará en tres días», a iniciarse una vez que el Banco Central (autoridad monetaria) haya ratificado la normativa que cuenta con el aval del organismo de control de los fondos de pensiones privados.

La decisión de inyectar ese dinero al mercado argentino se da en el marco de la discusión del proyecto de ley para estatizar las jubilaciones privadas, que iniciaba el martes el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría.

En el caso de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema estatal único de pensiones.

Entre los argumentos del gobierno para estatizar los fondos, figura el hecho de que el volumen total de activos en manos de los diez fondos se redujo drásticamente desde mediados de setiembre hasta mediados de octubre pasado.

La pérdida se produjo al compás de la crisis financiera global, según datos de la Superintendencia de fondos, que actúa como organismo de control.

Por lo tanto, los fondos que pasan del sector privado al Estado, si se aprueba la ley, son 26.000 millones de dólares y no 30.000 millones como se calculó hace una semana, cuando la presidenta Cristina Fernández lanzó el programa el martes 21 de octubre.

Además, el gobierno sostiene que aporta unos 4.000 millones de pesos anuales (unos 1.200 millones de dólares) al sistema privado para garantizar el pago de las jubilaciones mínimas.