Advierten sobre el enorme poder que tienen en Chile los militares

Santiago, AFP

Raúl Sohr, especialista en asuntos internacionales y de seguridad, sostuvo este martes que la democracia chilena no está en peligro, pero advirtió sobre el enorme poder de autonomía que preservaron los militares y su coalición con la derecha, que los hace en la práctica una fuerza deliberante.

«No creo (que esté en peligro la democracia). Me parece muy difícil» que esto suceda, opinó en una entrevista con la AFP el sociólogo, periodista y consultor del presidente Ricardo Lagos durante su campaña y en la elaboración del programa de gobierno.

Sin embargo, no descartó que se puedan producir algunos «actos intimidatorios» de los uniformados, como lo han hecho hasta ahora, «por la vía protocolar».

Reveló que el lento proceso que va desde el comienzo de las denuncias por la represión, que podríamos ubicar en la segunda mitad de los 80, hasta la reciente entrega de información a la Mesa de Diálogo en la que por primera vez aceptan que existen detenidos desaparecidos, «desmoraliza profundamente» a los uniformados.

Consideró que esta estrategia de dilación –que también se refleja en la defensa del ex dictador Augusto Pinochet– es errada porque «están sufriendo una muerte por mil cortes. Tal vez sería mejor enfrentarlo de una vez. Es mejor morir de un sablazo que por pequeños cortes», insistió.

Recordó que desde un comienzo las Fuerzas Armadas rechazaron su responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos y aseguraron que éstas habían sido obra de individuos que en su mayoría ya no pertenecían a sus filas.

Refutó el argumento destacando que los prisioneros fueron llevados a guarniciones militares sujetas a un severo control: «Cuando hablamos de miles de personas, por supuesto que no son actos aislados de individuos, sino que es una política metódica y sistemática, con un procedimiento para deshacerse de los cuerpos y borrar las pistas».

Ahora –continuó– tras aceptar su responsabilidad «en las Fuerzas Armadas –al igual que en el gobierno– no hay una sola posición sobre cómo enfrentar» el tema.

«Hay generales y oficiales que dicen que acá hubo una guerra y en una guerra hay muertes y se oponen a entregar información y a revisar el tema diciendo con cinismo que a lo mejor cometimos el error de no entregar los certificados de defunción y las bolsitas negras a sus familiares», reveló.

En cambio, otros admiten «que se cometieron atrocidades, que son dolorosas y que no es aceptable lo que se hizo. Hay gente incluso dispuesta a pedir un perdón público».

«Hay quienes piensan que lo que sucedió está absolutamente reñido con la ética militar, es decir que el concepto de detenido-desaparecido es inaceptable» y que «dentro de la cultura católica predominante es muy fuerte el concepto de sepultura. No haberle dado cristiana sepultura es visto casi como un pecado tan serio como haberle dado muerte».

Sohr, también analista internacional de Televisión Nacional y autor de varios libros sobre su especialidad, advirtió que luego de 10 años de transición, las Fuerzas Armadas mantienen un enorme poder de autonomía y una profunda división con el poder democrático y representativo.

«Los militares chilenos cambiaron radicalmente durante el gobierno militar hacia una autonomía que no habían conocido en su historia, a tal punto que ellos hablan del estamento civil y del estamento militar con pesos similares», dijo.

«Han llegado a decir que eran la columna vertebral de los valores nacionales y que el resto de la sociedad eran apéndices. Dejaron de verse como funcionarios públicos a los cuales se les confiere el monopolio del poder de fuego para proteger la frontera y la soberanía del país», señaló.

A su criterio, el poder castrense se fundamenta en tres pilares:

– Los cuatro senadores designados en representación de las Fuerzas Armadas y la policía, que durante 10 años le dieron mayoría a la oposición derechista. En Santiago, por ejemplo, para elegir uno en los comicios ordinarios se necesitan 400.000 votos.

– La inamovilidad en sus cargos de los comandantes en jefe. El presidente no puede removerlos.

– Las varias instancias de autonomía económica. Una es la Ley del Cobre que les designa el 10% de todo el cobre producido por las minas estatales, lo que significa unos 200 millones de dólares al año que está destinado a la compra de armamento. La otra es la Ley de Presupuesto que le asigna un ingreso de unos 2.000 millones de dólares anuales, equivalente a un 3% del PBI, que constituye uno de los porcentajes más altos de América Latina.