Cavallo envía mensajes de que podría hablar

La semana pasada el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna accedió al pedido de Baltasar Garzón y concedió la extradición de Cavallo a España. Según «La Nación» «inmediatamente, los teléfonos del presidente Fernando de la Rúa y del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se pusieron al rojo vivo» y » durante el fin de semana, varios hombres de la Armada quisieron hacer sentir su preocupación por el desenlace de un caso que puede trascender la suerte del represor».

El jefe de la Armada, almirante Joaquín Edgardo Stella, mantiene silencio de radio frente a la cuestión y fuentes confiables del ministerio de Defensa sostienen que en esa arma la depuración de cuadros de los tiempos del terror ha sido muy profunda, aunque existen compañeros de promoción de Cavallo en actividad, todos con cerca de 50 años de edad.

A «La Nación», un informante le indicó que Fernando de la Rúa no cumplió con la promesa que le habría hecho a un alto oficial hace unos meses, en el sentido de que el Gobierno realizaría intensas gestiones para que Cavallo fuese remitido al país, lo que le ha sido desmentido a este corresponsal en el Ministerio de Defensa. Ningún funcionario jamás comentó esa promesa.

En rigor, el temor de algunos cuadros de esos tiempos «es que Cavallo se quiebre y hable; su palabra tendría mayor impacto que las que en su momento provocaron las confesiones del capital de fragata Adolfo Scilingo, procesado en Madrid sin poder dejar España, cuando denunció que de aviones navales se arrojaban prisioneros vivos, pero adormecidos, al Río de la Plata».

Cavallo fue un operativo de alto vuelo, un cuadro de la represión que sabe mucho, dicen en sectores confiables de la cartera de Defensa. Es que a partir del viernes último, Cavallo está un paso más lejos de la Argentina y uno más cerca de España.

Madrid está más cerca

Hace varios meses, Cavallo, por intermedio de su abogado defensor, José Scelzi, hizo dos presentaciones similares. Uno de esos escritos recaló en la Casa Rosada y el otro ante el juez federal Adolfo Bagnasco que reitero el lunes.

En ambos casos pidió la intervención del gobierno, al que le corresponde la decisión política, y de la Justicia, para que intervinieran para que Cavallo fuera remitido a la Argentina y juzgado aquí por los delitos que supuestamente cometió cuando se desempañaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención.

En Defensa, el escrito fue derivado a la Cancillería y a la cartera de Justicia, con la conclusión conocida: es un problema entre México y España. Con todo no deja de apreciarse que si Cavallo termina declarando y preso en Madrid, cualquier otro militar que salga del país podría correr igual destino. Esto desagrada a los militares, sobre todo jubilados, porque temen que de salir de la Argentina, le suceda lo mismo que al capitán de navío de marras.

Pero ocurre que si Cavallo es traído al país, no se lo podría dejar libre, pues está acusado de genocidio, pero, al mismo tiempo, si se lo quiere someter a juicio, habría que declarar inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. El juez mexicano Luna declaró al diario «Clarín» que «la Argentina no acata los tratados sobre genocidio y torturas y por eso procede que un tercer Estado juzgue al señor Cavallo». Las autoridades temen que, de abrir esta puerta, terminaría por empujar a un gran número de oficiales retirados y en actividad a los tribunales. Bagnasco decidió no habilitar la feria para tratar el pedido de Cavallo y su letrado Scelzi presentó inmediatamente una apelación.

El gobierno prefiere desentenderse del problema, por ahora, ya que «La Nación» no descarta que «de las conversaciones que se mantengan entre la Armada y el gobierno dependen los próximos pasos: quizás una nueva presentación, para insistir ante el gobierno para que pida que Cavallo sea remitido a la Argentina antes que a España».

Veinte días es el plazo que tiene la cancillería mexicana para decidir si avala la decisión del juez de su país y envía al marino a España o si hace caso omiso de la orden judicial. Parece que Madrid será su destino.