Ricardo Cavallo quiere regresar a la Argentina

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

El abogado José Scelzi realizará hoy una presentación ante el juez federal Rodolfo Bagnasco, quien lleva una causa por robo de bebés, para que el magistrado solicite a las autoridades mexicanas la extradición de Cavallo a la Argentina, con el fin de que el ex militar «sea juzgado por sus propios jueces».

Un juez mexicano falló a favor de la extradición a España del ex marino, quien está acusado de los delitos de genocidio y terrorismo durante la última dictadura militar.

Por esos juegos leguleyos, la defensa de Cavallo cree que contaría al menos con un año de plazo para frenar la medida judicial, si utiliza a su favor el derecho que le permite interponer distintos recursos jurídicos para apelar la decisión del juez mexicano.

El acusado de represión en los años del terror fue apresado en Cancún el 24 de agosto, tras ser identificado por algunas de sus víctimas como el capitán de corbeta Miguel Angel Cavallo, alias «Sérpico» y «Marcelo», uno de los torturadores en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El juez español Baltasar Garzón Real había solicitado la extradición a la justicia mexicana, en el marco de su investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron ciudadanos españoles en Argentina, entre 1976 y 1983.

En un fallo de 728 páginas, el magistrado mexicano Jesús Guadalupe Luna consideró probada la identidad de Cavallo y sostuvo que los tribunales españoles son competentes para juzgarlo por genocidio y terrorismo. El magistrado explicó que su decisión se basó en los convenios internacionales de Nuremberg y Viena y en los tratados sobre genocidio, tortura y terrorismo suscritos por México, Argentina y España.

El ministerio mexicano dispone de un plazo de 20 días hábiles para pronunciarse sobre la extradición, luego de lo cual, la defensa de Cavallo contará con un período de quince días para presentar un recurso de apelación, que según las estimaciones puede demorar hasta un año la extradición del ex militar a España.

Cavallo aparece con el nombre de Miguel Angel en varios expedientes del juez español Garzón como presunto responsable del delito de tortura contra Thelma Jara y de los asesinatos de las españolas Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya, además de estar acusado por el secuestro, desaparición de personas, robo de vehículos y saqueo de viviendas durante su paso por la ESMA. En territorio mexicano fungía como director general del Registro Nacional de Vehículos de México (Renave) hasta que fue detenido cuando trataba de viajar a Argentina, donde se beneficiaría con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Asimismo, tiene asuntos pendientes con la justicia francesa por la muerte de varios ciudadanos de esa nacionalidad, entre ellos dos monjas desaparecidas tras su paso por la ESMA.

El diario «Pagina/12″ denunció que si el juez Bagnasco acepta la petición de los letrados, se pondría en funcionamiento un mecanismo para lograr la libertad del presunto represor. El juez que pilotea el rescate de identidad de bebés secuestrados en cautiverio y procesa a los más altos jefes del estado terrorista, se quejó por las sospechas.

En las vecindades del juzgado federal se sostiene que Bagnasco piensa plantear la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y que con eso garantiza el proceso aquí de Cavallo como ocurre en Chile con Augusto Pinochet. Sin embargo, la Suprema Corte de la Argentina, donde obligatoriamente llegaría el expediente, ya ha dicho que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son constitucionales.

En tanto hay quejas por que el gobierno de Fernando de la Rúa hizo como si la historia del ex represor fuera un caso de otros. Un portavoz de la Cancillería señaló que se trata de un problema entre México y España y que el militar recibiría en España la ayuda consular y legal correspondiente. La conducta del gobierno de la Alianza frente a los resabios de la dictadura es errática. En 1999, cuando Augusto Pinochet estaba arrestado en Londres, De la Rúa opinó que debía ser juzgado en Chile porque los crímenes los había cometido allí. Siguió la misma línea que había exhibido antes Carlos Menem y que, en verdad, apuntaba a no enemistarse con el gobierno chileno de la Concertación que abogaba por la liberación del ex dictador.