Uruguayos asesinados por Pinochet

Por Niko Schvartz

Como un elemento diversionista aparece en este cuadro el informe de los militares y de la llamada Mesa de diálogo, destinado a aliviar la situación de Pinochet, que ya enfrenta 205 querellas y se van agregando otras, incluso por asesinato de mujeres embarazadas, y de sus secuaces. Aunque lamentablemente el discurso del presidente Lagos del pasado domingo llevó agua a ese molino, ahora empiezan a verse las patas de la sota.

 

Diversionismo militar

Sobre un millar de desaparecidos los militares dieron algún dato sobre unos doscientos, alegando que la inmensa mayoría (151) fueron arrojados al mar y otros 20 están enterrados en una fosa común cercana a Santiago. Entre estos se hallan seis militantes comunistas asesinados por la DINA a fines de 1976. Allí, a la llamada Cuesta Barriga, concurrió el juez Héctor Carreño y familiares de las víctimas, y se iniciaron las tareas de remoción. La escena era dramática. Hasta ahora no se encontró nada. Está por verse si los escasos datos aportados por los militares se ajustan a la realidad. Por lo pronto, los familiares y defensores de DDHH chilenos señalan que el documento castrense alteró la fecha de los asesinatos y modificó la forma en que los cuerpos fueron eliminados. El senador socialista Ricardo Núñez manifestó que las informaciones de su partido contradicen en buena medida los datos difundidos en relación con sus dirigentes. El ministro de Defensa Mario Fernández reconoció el día 10 que «pudo haber errores en el informe de las fuerzas armadas». Esto se parece al cuento brasilero: «Ud. tiene razón, pero poca; y la poca que tiene, no sirve para nada».

En cambio, hay otro hecho que no admite duda. La principal acusación sobre la cual el juez Juan Guzmán interrogará a Pinochet refiere a la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973, el mes siguiente al golpe, con un saldo de 17 secuestros y 57 asesinatos. Es sabido que los homicidios están amparados por la ley de amnistía que en 1978 dictó el dictador para protegerse a sí y a los suyos, pero los secuestros no. Y ¡oh casualidad! entre los pocos nombres incluidos por los militares, figuran 13 de los 17 secuestrados por la citada Caravana. La manipulación de los militares procura por ende atenuar la responsabilidad de Pinochet en una de las piezas mayores de la acusación. Por esa razón, si bien las reuniones de la Mesa de diálogo se iniciaron en agosto de 1999, el informe castrense apareció justito como regalo de Reyes el 6 de enero de 2001, en la víspera de la fecha inicialmente fijada por el juez para los análisis a Pinochet. Gran puntería.

 

Juego de presiones

Hay más. La viuda del periodista Carlos Berger, una de las víctimas notorias de la Caravana, desmintió la versión de los militares de que su cuerpo hubiese sido arrojado al mar, ya que posee evidencias de que fue enterrado en una fosa en el norteño desierto de Atacama, a proximidad de la ciudad minera de Calama.

Pese a todo ello los mandos militares prosiguen en su sistemático juego de presiones a todos los niveles, que mantienen desde que en medio de un brutal despliegue represivo recibieron en triunfo a Pinochet a su regreso a Chile después de 503 días de detención en Londres, y continúan en esa tesitura en todas las instancias posteriores. El almirante José Arancibia condicionó la revelación de nuevos datos por parte de los militares a que el gobierno asegurara previamente total impunidad a los ejecutores. Por añadidura, el juez Guzmán declaró a Le Monde que recibe presiones desde diversas direcciones, «que incluyen a miembros del gobierno». Y aunque el ministro del Interior José Miguel Insulza lo negó (el martes pasado en Valparaíso), lo dicho, dicho está.

Trascendió además que el ejército paga la costosa y nutrida guardia personal de Pinochet, formada por soldados de elite del cuerpo de comandos y paracaidistas. El Mercurio y Radio Cooperativa informaron que dicha escolta se pertrechó con chalecos antibalas y, tras escuchar una arenga de su superior, se disponía a disparar sobre los policías enviados por el juez a notificar la orden de arresto al dictador si este incurría en desacato. (Tal circunstancia no se dio, porque Pinochet se presentó a los exámenes.) El ejército paga además buena parte de los honorarios del clan de sus abogados, que aprovechan la bolada y la estiran al máximo para forrarse los bolsillos.

 

El Scilingo chileno

En la nueva situación generada, van surgiendo desde diversas fuentes nuevas informaciones sobre la cadena de crímenes cometidos. El piloto personal de Pinochet, coronel en retiro Antonio Palomo, declaró que varias veces le tocó lanzar prisioneros al mar desde un helicóptero; y que en otros casos la variante consistía en arrojarlos a las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Estas revelaciones análogas a las del marino Scilingo en la Argentina habrán de reiterarse estos días ante la Justicia.

 

Dilatorias en cadena

La línea adoptada por la defensa del dictador consiste en extender al máximo los plazos previos al inicio del juicio. Cuando el juez fijó inicialmente la fecha del 8 de enero para comenzar los exámenes siquiátricos y neurológicos, el entorno de Pinochet se dividió entre los que proponían el desacato (el fascista Pablo Rodríguez) y quienes acordaron la comparecencia dos días después. El viernes terminaron tres días consecutivos de exámenes médicos.

Ahora viene la instancia del interrogatorio, en principio fijada para el día 15. Aquí la jugada consistió en reclamar que no se iniciara antes de conocerse el resultado de los análisis. Esto podría demorar un lapso indefinido, meses incluso. El juez se negó. Luego la defensa alegó que Pinochet se encontraba agotado tras los exámenes y solicitó una prórroga. Finalmente se fijó la fecha del 23 de enero.

Difícil disyuntiva para los pinochetistas. Solo se salvan del juicio si su líder es declarado loco o demente, quedando así en posición poco airosa. Tratarán de inventar nuevos subterfugios. Pero es visible que se estrecha su margen de maniobras.