Buscan restos de desaparecidos

Santiago, AFP

La tumba escondería los cadáveres de seis dirigentes del Partido Comunista, que el gobierno pinochetista declaró fuera de la ley, junto a los restantes grupos políticos izquierdistas.

«Nada hasta ahora», dijo un detective a la prensa sobre el resultado, siete horas después de iniciada la faena a comienzos de la mañana en el sector llamado Cuesta Barriga.

A la distancia, con autorización del juez Héctor Carreño, investigador del caso, un pequeño grupo de familiares de las seis víctimas y activistas de los derechos humanos observaba la escena.

«Si esto resulta ser una mentira, Dios me libre del tremendo daño que se han hecho a sí mismas las fuerzas armadas en su credibilidad», comentó el abogado Nelson Caucoto, acusador en varias de las 205 querellas que encara el ex gobernante por los abusos criminales de su gestión.

La ubicación del entierro en Cuesta Barriga y de otro en la localidad de Colina (norte de Santiago) figuraron en informes recopilados militares y ex militares en el segundo semestre de 1999 y que fueron canalizados al Gobierno a través de la masonería y las iglesias Católica, Judía y Evangélica, según acuerdo alcanzados en la llamada Mesa de diálogo cívico-militar, instalada el año pasado.

La documentación sobre el destino final de opositores a Pinochet, que nunca aparecieron tras su arrestos, las pasó el presidente Ricardo Lagos a la Corte Suprema, para la apertura de investigaciones formales.

Según la versión gubernamental, los antecedentes proporcionados revelaron la existencias de fosas clandestinas en Cuesta Barriga y la localidad de Colina (norte de Santiago), con un entierro de entre 20 y 30 cuerpos.

Alrededor de 150 de los opositores que aparecen identificados en la nómina de la Mesa de dialogo fueron arrojados al mar, ríos y lagos, informó el presidente en una dramática alocución al país el viernes pasado.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acogió con reservas el contenido de la versión castrense sobre la suerte de presos ejecutados.

Este sábado un grupo de ex guardaespaldas del extinto presidente socialista Salvador Allende, derrocado por Pinochet, criticó los datos como «inconsistentes, incoherentes y falsos».

Los antecedente para la búsqueda de los detenidos desaparecidos fueron recogidos entre miembros y ex miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros al amparo de una ley que garantizó secreto a implicados y testigos de los ilícitos en la represión.