La victoria del juez Garzón

Roland de Courson – Madrid, AFP

Si el gobierno mexicano ratifica la decisión del juez Jesús Luna, Cavallo, reclamado por Garzón por 464 casos de secuestros, ejecuciones sumarias y torturas cometidos bajo la dictadura militar argentina (1976-1983), será el primer presunto autor de crímenes contra la humanidad en ser entregado a un país que no sea en el que perpetró los crímenes.

Esta eventualidad constituiría una revancha personal para el juez Garzón, que tras meses de batalla judicial encarnizada en Gran Bretaña fracasó finalmente, en marzo del año 2000, en su tentativa de que Londres entregara al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Pero sobre todo, la extradición de Cavallo hacia España consagraría la doctrina jurídica internacional defendida por el magistrado madrileño que predica una «justicia universal» en la que los tribunales de cualquier país pudieran juzgar a los autores de crímenes contra los derechos humanos, sin preocuparse por su nacionalidad o por el país involucrado.

La decisión de la Justicia mexicana «va a tener un enorme impacto. Consolida la idea que comenzó a desarrollarse con la detención de Pinochet, según la cual los crímenes contra la Humanidad deben ser castigados en toda la Humanidad», declaró a la AFP el abogado argentino Carlos Slepoy, que representa en España a varias de las víctimas de Cavallo.

El juez Garzón, de la Audiencia Nacional, la principal instancia penal española, instruye desde 1996 demandas contra varios centenares de militares y ex altos responsables chilenos y argentinos implicados en atrocidades de todo género.

«Hay un momento en que llego a la convicción de que la Justicia española no sólo puede, sino que debe perseguir y juzgar esos hechos», declara Garzón en una biografía autorizada, recientemente publicada en España.

«Tengo claro que el éxito será juzgar en España, si es posible; pero sobre todo abrir el camino y que esto se juzgue en Argentina. Mi papel es ser punta de lanza: provocar la reacción social y judicial allá», continuaba el magistrado en el libro «Garzón: el hombre que veía amanecer» de la periodista Pilar Urbano.

El magistrado fundamenta sus diligencias en una ley de 1970 que permite a la Justicia española juzgar a los autores de infracciones cometidas en el extranjero en algunos casos precisos: tráfico de droga o de moneda falsa, piratería aérea, genocidio y terrorismo.

Sin embargo, paradójicamente Garzón debe enfrentarse en España a la oposición de las autoridades judiciales, según las cuales los tribunales españoles no son competentes para juzgar crímenes perpetrados por los regímenes militares sudamericanos.