Gobierno y prefectos dialogarán

Morales consideró que «el domingo es definitivo» para establecer acuerdos, mientras Mario Cossío, prefecto de Tarija, y vocero de sus colegas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, confirmó que «vamos a concurrir el domingo a la reunión con el presidente, como nuestra señal de voluntad».

A pesar de esa coincidencia, el futuro del diálogo era incierto por las profundas discrepancias que separan al gobierno de la oposición.

Ante la situación, la delegada residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, declaró que «el diálogo requiere un gran esfuerzo y un compromiso firme de todas las partes» y ratificó que la ONU «está a la disposición para apoyar en lo que podamos en este esfuerzo».

El curso de las negociaciones bolivianas está siendo seguido también por delegados de la OEA, de Unasur, la Unión Europea y la jerarquía de las iglesias católica y protestante.

El diálogo entre el gobierno y la oposición revivió el viernes luego que había quedado en el limbo desde el miércoles cuando los prefectos dejaron en suspenso dos mesas donde se discutían acuerdos sobre autonomías y distribución de recursos de las exportaciones de gas natural.

Las pláticas se cancelaron en protesta por la detención de dos dirigentes cívicos acusados de volar un gasoducto a Brasil en medio de las protestas contra el gobierno de Morales. La oposición teme que las detenciones alcancen a otros dirigentes cívicos como el líder del poderoso comité de Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic.

El mes pasado, grupos de derecha ocuparon y saquearon oficinas regionales del Estado, quemaron documentación y mobiliario de Reforma Agraria, Impuestos y Aduanas, tomaron control de aeropuertos y de peajes y cortaron rutas en cinco de los nueve departamentos bolivianos. El vicepresidente Alvaro García temió que «detrás de estos pretextos falsos (de los prefectos) se encuentra otra realidad, la realidad de querer encubrir un conjunto de delitos cometidos en contra de los bolivianos al destruir instalaciones, al dinamitar oleoductos, al ocupar oficinas y al masacrar campesinos».

Tras la turbulencia de septiembre, que dejó 19 muertos, el presidente y los cuatro prefectos (un quinto prefecto opositor está detenido acusado de azuzar una masacre campesina) han dialogado para tratar los temas que han generado la crisis política boliviana.