Virulenta campaña de los Mitterrand contra la justicia

París, AFP

«La arrogancia de los grandes», viejo hábito superado en la Francia republicana, fue denunciada este viernes por el diario Le Monde, a propósito de una virulenta campaña de la familia Mitterrand contra un juez que declaró reo a uno de sus miembros por complicidad en tráfico de armas.

El juez «suda el odio antes de abrir» la boca, declaró el hijo del ex presidente socialista Franois Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, inculpado y encarcelado en el marco de una investigación sobre venta de armas a Angola, país desgarrado por una sangrienta guerra civil desde hace varios decenios.

Los jueces «inventaron el delito de apellido», afirmó su hermano, el diputado Gilbert Mitterrand.

Vamos a pagar no la fianza sino «el rescate», sostuvo la madre, Danielle Mitterrand, presentando así a los jueces extorsionando fondos.

El influyente diario Le Monde resumió en un editorial este viernes la sorpresa y la indignación provocadas en medios judiciales, políticos y periodísticos por estos ataques de una violencia pocas veces vista en Francia. «La arrogancia de los grandes», tituló el vespertino señalando que nadie se opone a que una familia critique el trabajo de un juez, pero que hay un límite y que este límite fue violado «por la familia Mitterrand, toda entera movilizada para defender al hijo mayor del ex presidente».

Los ataques de la familia forman parte -denunció- «de una táctica que apunta a desestabilizar al juez» y a «desacreditar a la justicia implícitamente comparada con una organización criminal que practica la extorsión de fondos».

El diario subrayó que «es especialmente chocante que manifiesten tales excesos de lenguaje la viuda y los hijos del que como jefe del Estado fue el guardián de la Constitución».

Le Monde señala que esta actitud revela la persistencia de la «cultura de la impunidad», que caracterizó largo tiempo a la clase política francesa.

Cuando se quejan de persecusión «a causa de su nombre» -dijo- se tiene la impresión de que se quejan de «no beneficiar de la indulgencia que ese nombre les habría hecho beneficiar».

«¿Se habrá olvidado que la igualdad ante la ley es un fundamento esencial de la República?», preguntó el diario, agregando que así revive el recuerdo de una época, no muy lejana, en que los políticos se estimaban protegidos de investigaciones judiciales y creían que podían extender ese beneficio a sus familiares, amigos y asociados.

«Francia -concluye Le Monde- ha felizmente cambiado» y la familia del ex presidente conserva, frente a la justicia, los viejos hábitos que reflejan la arrogancia de los grandes».

Jean-Christophe Mitterrand fue consejero de asuntos africanos de la Presidencia de la República francesa cuando su padre era el presidente y es sospechado de aprovecharse de las relaciones tejidas entre 1986 y 1992 para facilitar dos contratos ilícitos de venta de armas a Angola en 1993 y 1994.

Reconoció ante la justicia francesa haber recibido en 1997 y 1998, en una cuenta en Suiza, en el banco Darier, alrededor de 1,8 millones de dólares, pero niega que ese dinero esté vinculado a un tráfico de armas.

El dinero se lo pagó la empresa de ventas de armas Brenco, dirigida por el ya encarcelado hombre de negocios Pierre Falcone.

Fue declarado reo el 21 de diciembre y encarcelado en el marco de una investigación que llevan adelante los jueces Philippe Courroye e Isabelle Prévost-Desprez.

Su familia pagó el jueves una fianza de 740.000 dólares exigida por la justicia para dejarle en libertad bajo fianza pero bajo vigilancia judicial e imposibilidad de viajar al extranjero y de contactar a ciertas personas implicadas.

La campaña de «desestabilización» del juez Courroye ha sido lanzada por la familia Mitterrand paralelamente a una ofensiva de los abogados de varios implicados en este caso, que plantearon a la justicia la nulidad de la investigación, alegando cuestiones de forma, como una fecha errada en un documento de los jueces y la existencia de un decreto de 1939 que prohíbe a la justicia investigar una venta de armas sin tener previamente autorización del Ministerio de la Defensa.