Militar argentino será extraditado a España

Ciudad de México, ANSA

«Es procedente» el reclamo de la justicia española, dijo el magistrado mexicano ante el ex marino argentino, que escuchó la sentencia impávido, en tanto un grito de júbilo fue lanzado por activistas de la filial mexicana de la argentina Hijos, que nuclea a hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina de 1976-83.

En tanto, los abogados del represor argentino respondieron de inmediato que presentarán un recurso de amparo (hábeas corpus) para evitar la extradición de Cavallo.

El magistrado Guadalupe Luna dictó sentencia contra Cavallo, requerido por el juez español Baltasar Garzón, el mismo que solicitó y obtuvo el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998.

 

Perseguido por Garzón

A fines del año pasado, Madrid pidió a México la extradición del represor Cavallo a instancias del juez Garzón, quien pretende juzgarlo por genocidio, terrorismo y torturas, los mismos delitos por los que reclamó a Argentina la extradición de otros represores de la última dictadura en ese país (1976-83).

Cavallo fue procesado el 1º de setiembre por Garzón, tras haber sido detenido en México el 24 de agosto cuando estaba a cargo del registro nacional del automotor (Renave).

Desde 1996, Cavallo estaba imputado en el proceso que instruye el juez español contra militares de la última dictadura argentina.

Según el pedido de extradición, Cavallo figuraba con los alias de «Marcelo» y «Sérpico», que empleó entre 1976 y 1979 mientras estuvo destinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más tristemente célebres de ese período.

Garzón basó el procesamiento de Cavallo en un escrito de acusación que recibió del ex fiscal argentino Julio César Strassera, quien participó en ese carácter en el juicio que condenó en 1984 a las juntas militares, posteriormente indultadas durante el gobierno de Carlos Menem.

El juez le imputó las desapariciones, ejecuciones y torturas que se produjeron en la ESMA, mientras Cavallo integró los llamados grupos de tareas, a cargo de la represión ilegal: 227 desaparecidos o ejecutados de los 248 registrados en total; 110 torturados de 128 casos, así como la desaparición de 14 mujeres embarazadas y de los bebés que estas dieron a luz.

 

Justicia mexicana aceptó las pruebas

En noviembre de 2000, un juez penal mexicano aceptó las pruebas contra el represor argentino que el juez Garzón envió a la Fiscalía General de México (PGR).

Jesús Guadalupe Luna, juez sexto de Distrito de Procesos Penales, incluyó en el expediente judicial «diversos textos relacionados con leyes en contra de torturas y de juicios de crimen de guerra».

Entre ellos los estatutos del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1945 y otros textos legales del Código Penal de España, medida que fue considerada por la defensa de Cavallo como «una violación» a sus principios de defensa legal