Unos 143.353 desaparecidos españoles

Un grupo de asociaciones españolas anunciaron ayer lunes haber entregado al juez de instrucción Baltasar Garzón una lista con los nombres de 143.353 personas desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) o bajo la dictadura del general Franco (1939-75).

La entrega de este listado se produce tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de solicitar, el pasado 2 de septiembre, a diversas instituciones informaciones sobre miles de personas desaparecidas en esa época, paso previo a la apertura de una posible investigación.

El juez Garzón trata de establecer un «censo» de personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes a petición de una decena de asociaciones de familias de víctimas del franquismo.

Garzón se comprometió a entregarles una primera lista antes de un periodo de 15 días.

La Plataforma por Víctimas de Desaparición Forzada del Franquismo – que agrupa a 11 asociaciones de familiares de desaparecidos, la sindicato CGT y a particulares- subrayó que el listado entregado es incompleto.

«Faltan tantos que no nos atrevemos a dar una cifra exacta», declaró en conferencia de prensa la secretaria de la plataforma, Paqui Maqueda.

Cecilio Gordillo, de la CGT, subrayó que la lista era parcial y que podría contener nombres duplicados «y hasta triplicados» ya que algunas personas «eran originarios de una comunidad y víctimas en otra».

La documentación utilizada para elaborar el listado «ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos», explicó, precisando que «hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso» pese a que «muchas de ellas han sido financiadas con dinero público».

«No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven. Si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean», apuntó Maqueda.

El juez Garzón aún no decidió si las demandas eran admisibles. Hasta ahora, una ley de amnistía, votada en 1977 durante la época de la transición democrática, impidió cualquier proceso jurídico al declarar todos los crímenes cometidos antes de diciembre de 1976 como «actos políticos».