OPINION INTERNACIONAL

LA NEGATIVA DE LOS PREFECTOS

En la noche del sábado, el gobierno propuso la firma de un acuerdo sobre la base de tres puntos, que fueron planteados por Evo Morales y luego explicitados ante los movimientos sociales que convergen sobre Cochabamba. Estos son: 1) trabajo de las dos comisiones mencionadas; 2) devolución y normalización inmediata de las entidades públicas e instalaciones petroleras en presencia de un notario; 3) viabilizar hasta el 1º de octubre la convocatoria del Congreso al referéndum constituyente y dirimidor del proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE); incorporar las modificaciones necesarias al proyecto de nueva CPE en el capítulo de autonomías y superar las contradicciones internas que pudiera tener, preservando la integridad y contenido del proyecto constitucional.

En la noche del domingo se reunió el vicepresidente Alvaro García Linera con los prefectos Mario Cossío de Tarija, Rubén Costas de Santa Cruz y Ernesto Suárez del Beni. Se aceptaron los dos primeros puntos y se registró una dilatada discusión («un largo estira y afloja» según crónicas locales) sobre el tercero. Los prefectos no aceptan la fecha del 1º de octubre, y proponen la extensión del plazo, al tiempo que procuran introducir nuevos temas en el debate. La decisión del gobierno es llegar rápidamente a la etapa de las definiciones y colocar en manos del pueblo la decisión sobre la entrada en vigencia de la nueva Constitución. El presidente Evo Morales declaró el domingo que «mi gran deseo es terminar hoy este diálogo, sobre todo con acuerdos generales que permitan garantizar autonomía y nueva Constitución». Se opuso a introducir otras modificaciones al texto constitucional porque significaría que «la Asamblea Constituyente no ha servido para nada», y «eso causa reacción de los movimientos».

Lo nuevo del momento actual es la actitud participativa que han asumido los movimientos sociales, campesinos e indígenas, que con su movilización aspiran a volcar su peso en la solución del diferendo. Se concentraron en Cochabamba, y en el límite entre este departamento y Santa Cruz se registra una confluencia de movimientos campesinos e indígenas del trópico cochabambino, de mineros de Oruro y otros sectores, en marcha hacia Santa Cruz de la Sierra. Las crónicas de los enviados de Telesur a la zona destacan que los campesinos e indígenas condenan las actitudes racistas del prefecto Rubén Costas y reclaman la devolución de todos los organismos estatales que fueron ocupados y destruidos por las bandas de los comités cívicos organizados en torno a los prefectos. Se refieren en particular al Instituto de Reforma Agraria (INRA), ocupado y saqueado, y a las depredaciones y quema de archivos y de la biblioteca del Cejis (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), un tesoro cultural de la región que contiene la documentación de los procesos de titulación de tierras de los pueblos indígenas (ver la nota del domingo, «La Unasur junto a Bolivia»). Como se sabe, las acciones vandálicas perpetradas bajo la égida de los prefectos en los departamentos de la «media luna» condujeron a ocupaciones y destrucciones en oficinas gubernamentales, la voladura de un gasoducto, cierre de válvulas, ocupación de campos petrolíferos, en auténticas acciones subversivas. Algunas de estas dependencias estatales aún siguen ocupadas. Por ejemplo en Santa Cruz, las oficinas de la Caja Petrolera de la Salud en la capital y las superintendencias forestales en varias provincias. El gobierno reclama la devolución total de las instalaciones, con el apoyo de las organizaciones sociales. Está prevista una intensificación de la movilización hacia Santa Cruz el 24 de setiembre, fecha histórica de fundación de la ciudad.

La Corte Nacional Electoral fijó para el 25 de enero 2009 la elección de prefectos de La Paz y de Cochabamba, por haber sido revocados el 10 de agosto José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa. En Pando fue designado prefecto el almirante Landelino Bandeiras Arce, dado que Leopoldo Fernández enfrenta a la justicia bajo acusación de genocidio por la masacre del 11 de setiembre.

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