Golpismo en Paraguay, Bolivia y Venezuela

Nadie podía pensar que los antiguos sectores dominantes y los partidos que los representan habrían de resignarse a la pérdida de sus posiciones políticas en la mayor parte de los países de América Latina, y que el imperio del norte renunciaría a mantener su hegemonía en lo que consideró durante más de un siglo su «patio trasero».

Con ese fin se pusieron al orden del día los intentos de golpe de estado y la intervención directa, reeditando lo sucedido en Brasil el 31 de marzo de 1964 (el golpe de Lincoln Gordon), en Chile el 11 de setiembre de 1973 (el golpe de Nixon y Kissinger, de la Braden Copper y la ITT ), en los días previos en Uruguay, antes en la invasión de los marines a la Dominicana (abril 1965), después en la invasión a Granada (25 de octubre de 1983) y a Panamá (diciembre 1989). Lo nuevo en este caso es la magnitud de la respuesta de las fuerzas democráticas y populares, del movimiento de solidaridad de pueblos y gobiernos con los países agredidos. La bandera de la defensa de la democracia y de la legalidad institucional ha pasado a manos de los partidos y movimientos progresistas y de izquierda y de las organizaciones populares.

Estamos viviendo desde el inicio del nuevo siglo y milenio un nuevo amanecer de América Latina, un cambio de época en el continente. Recientemente se hacía un recuento de los procesos democratizadores y avanzados que encabezan desde el gobierno (con toda la riqueza que proporciona la unidad en la diversidad), Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Raúl Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Martín Torrijos en Panamá, Alvaro Colom en Guatemala, Leonel Fernández en la R. Dominicana , René Preval en Haití. Los antiguos dueños del poder procuran impedir que este curso progresivo se consolide y se vuelva irreversible. Han decidido dar la batalla ahora, con todas las armas. Tal es el trasfondo de la tensa situación que vive el continente, que convoca a la lucha.

Lo estamos viendo con rasgos muy acusados en Bolivia. Los prefectos de la «media luna» (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) y Chuquisaca impulsan acciones de violencia extrema y de sabotaje de la economía nacional (atentados de tinte racista contra los indígenas, toma de campos petrolíferos y de aeropuertos, cierre de válvulas, desabastecimiento de combustibles, corte de carreteras, destrucción de edificios públicos), en aras de sus planes de secesión, atentatorios contra la unidad nacional, de usurpar los poderes que la Constitución y las elecciones pusieron en manos del gobierno central, de utilizar en beneficio propio riquezas que pertenecen a la nación. Han actuado de consuno con el embajador yanki Philip Goldberg (que se vinculó a las bandas fascistas de Santa Cruz, y ha sido expulsado del país en actitud soberana), y de los grupos de USAID, atrapados con las manos en la masa en actividades de espionaje. La masacre de campesinos perpetrada en el departamento de Pando, cerca de su capital Cobija, por responsabilidad directa del prefecto Leopoldo Fernández, de sus huestes en la prefectura y de sicarios contratados, muestra hasta qué extremos están dispuestos a llegar. Es la reacción criminal contra campesinos e indígenas que se habían levantado en defensa del gobierno, de sus realizaciones y de su obra de dignificación de las poblaciones autóctonas. El gobierno de Evo Morales ha reaccionado con gran serenidad y estricto apego a la ley, reiteró una y otra vez su llamado al diálogo, pide al ministerio público que actúe en defensa del patrimonio nacional, envió en las últimas horas contingentes militares para afianzar la seguridad de los yacimientos. La extensa reunión que acaba de efectuarse en el Palacio Quemado a propuesta del presidente entre éste y el gobernador de Tarija, Manuel Cossío, podría abrir un camino de diálogo, por el cual se han pronunciado gobiernos y organizaciones de América Latina, entre las que se destaca la declaración del gobierno uruguayo, y también la Unión Europea. Ojalá sea así.

También vimos emerger estos intentos golpistas en Paraguay apenas asumido el gobierno de Fernando Lugo. La conspiración pergeñada por el ex presidente Nicanor Duarte Frutos y el general Lino César Oviedo pretendía cortar de cuajo el nuevo curso abierto en Paraguay por la asunción de Lugo, que ponía fin a un largo ciclo de dominio incompartido del Partido Colorado, con su correlato de corrupción en todas las esferas. La temprana denuncia del gobierno y la intensa e inmediata movilización del pueblo, de sus organizaciones y del movimiento que auspició la candidatura presidencial, frustró en su cuna esta intentona de volver al «ancien régime». También en este caso toda América Latina se pronunció en defensa de la legalidad democrática en Paraguay. Pero el peligro persiste, y obliga a una vigilancia permanente.

Y también vimos en acción a los golpistas en Venezuela, según acaba de denunciarlo el presidente Chávez. Apreciamos las pruebas documentales, las grabaciones de los conspiradores. El plan era completo, y con varias fases o alternativas. Compromete a oficiales de las fuerzas armadas en retiro y en actividad, junto a sectores de la rancia oposición y con el concurso de los medios de difusión, que son parte de la campaña conspirativa. Algunos de los involucrados ya están siendo interrogados en los ámbitos competentes. El plan de asesinar a Chávez incluía el bombardeo del Palacio de Miraflores o derribar en vuelo el avión en que viajaría, además de la toma de unidades militares. Recuérdese lo que pasó en el golpe de abril 2002, el plan de Pinochet de tirar abajo el avión que conduciría a Allende, el bombardeo del palacio presidencial de Khadaffi en Trípoli desde barcos de la VI Flota surtos en el Mediterráneo, y agréguese la presencia de la resucitada IV Flota de intervención de los EEUU merodeando por esas latitudes del Mar Caribe.

El desafío está planteado. Hoy es una obligación colectiva, que a todos incumbe, la solidaridad recíproca de pueblos y gobiernos de América en defensa de la institucionalidad democrática, en particular junto a Bolivia, y contra todo intento de golpe de Estado.

 

«DIGNIDAD Y SOBERANIA»

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó ayer que la decisión de su gobierno de expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, no es por «debilidad» sino por «dignidad» y «soberanía de los pueblos».

«El gobierno boliviano ha tomado una decisión no por debilidad sino por dignidad y la soberanía de los pueblos el declarar persona no grata al embajador de Estados Unidos», afirmó el mandatario, al tiempo que calificó de masacre las 16 muertes del jueves en el departamento de Pando.