Pinochet no podrá escapar

Por Niko Schvartz

El movimiento popular chileno, y en su seno los familiares de los asesinados y desaparecidos, auténtico ejemplo de persistencia, combatividad y lúcida conciencia, alcanzará este objetivo primordial. La lucha, desplegada en Chile y también en Inglaterra y España, ahora se intensificará, enfrentando las maniobras de la extrema derecha en los días de decisión que nos separan del juicio al dictador.

 

Las últimas maniobras

El juez Juan Guzmán había decidido que se practicaran al acusado los exámenes mentales y neurológicos el domingo 7 y lunes 8, para proceder el martes 9 al interrogatorio, en particular sobre la Caravana de la Muerte, una expedición militar que fusiló a 75 presos políticos en el mes siguiente al golpe que lo instaló en el poder durante 17 años. Pinochet no se presentó, por consejo de sus abogados, entre los cuales figura Pablo Rodríguez, dirigente del movimiento fascista que perpetró atentados en cadena previos al golpe. Corrían el grave riesgo de incurrir en desacato y de que el juez –como dijo el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez– utilizara los recursos de que dispone para hacer comparecer a Pinochet. O en todo caso, a interrogarlo sin que se practicaran los exámenes, cuyo objetivo es dilucidar si está loco o demente, único extremo según la ley chilena que podría eximirlo del juicio.

A última hora, reconsideraron el tema, y se acordaron nuevas fechas para esta semana. Su posición no podía mantenerse, era una contradicción flagrante. Cuando se planteaba la extradición y el juicio en España, decían que solo podía ser juzgado en Chile. Cuando estuvo en Chile, alegaron que no podía ir a juicio sin ser sometido antes a exámenes médicos. Ahora se negaban a ambas cosas. Era insostenible, debieron claudicar.

 

Un discurso timorato

Fijadas las fechas antedichas por el juez, no es de extrañar que el sábado 6 le fuera entregado al presidente Ricardo Lagos un informe elaborado por una comisión instalada por el gobierno e integrada por mandos militares, las iglesias cristianas y la masonería y algunos abogados de derechos humanos, que contenía datos proporcionados por las Fuerzas Armadas sobre la suerte corrida por algunos desaparecidos. El movimiento popular chileno expresó su desconfianza ante esa mesa de diálogo y prosiguió su lucha independiente. Los hechos habrían de darle la razón.

En la noche del domingo 7 el presidente dio cuenta al país de las informaciones proporcionadas por los militares, al tiempo que elogió la actitud de estos, mencionó reiteradamente «la fortaleza y el coraje de nuestras fuerzas armadas», dijo que «compartían el dolor» que sus actos causaron, les atribuyó «la sincera reprobación de tales crímenes y la absoluta disposición de que nunca más vuelvan a repetirse».

Pero pronto se demostró que este panegírico, además de desproporcionado y fuera de lugar, era el reverso de la realidad. En efecto: los desaparecidos son por lo menos 1.198, por obra del ejército, la marina, la aviación, los carabineros, Investigaciones, la DINA, la CNI y el comando conjunto. Ya se sabe que la norma invariable es que todos torturen y todos maten, para que nadie pueda después alegar inocencia y acusar a otros. De esa cifra, aparecen algunos datos sobre apenas 180. Hasta los más tibios analistas opinaron que la cifra «era muy inferior a lo esperado». De esos 180, 130 fueron arrojados al mar, a los ríos y lagos. Están muertos y sus cadáveres nunca aparecerán. Otros 20 yacen en una fosa común cercana a Santiago. Y no hay más nada. La inmensa mayoría «no sabemos dónde está», reconoció Lagos.

¿Alquien puede creer que esos datos, puestos en manos de la Justicia, van a dar algo? Ya en época de Patricio Aylwin, en el primer gobierno en democracia, se gestó un proceso parecido, con resultados nulos.

Pero hay más. Los 13 desaparecidos que están bajo las aguas fueron declarados muertos. O sea, fueron asesinados. Y en ese caso, los asesinos están amparados por la amnistía que decretó Pinochet en abril de 1978 para proteger a su cohorte (y que no abarca las desapariciones). Tal la lógica que entra a imperar y que está en la base del documento militar. Es para que otros asesinos escapen al juicio y castigo, en momentos en que al juicio a Pinochet se suman los procesos de más de 50 militares reitrados y del general en servicio Hernán Ramírez, por otros crímenes de la dictadura.

 

El cachetazo del almirante

El propio presidente Lagos dijo que la información «es todavía insuficiente» y exhortó a seguir aportando datos.

Pero no se habían apagado los ecos de su discurso cuando apareció en escena el almirante José Arancibia, comandante de la Armada, declarando enfáticamente que los militares no aportarían ningún otro dato, que hasta ahí habían llegado y punto. A menos –atención– que cambiaran las condiciones. O sea que supeditaba el aporte de informaciones a determinadas actitudes del gobierno. Más claro, que se le asegurara la impunidad a todos los violadores de DDHH.

Era un cachetazo al presidente, quien, con rostro compungido, expresó que no se podía poner condiciones al gobierno. Y la cosa quedó ahí.

Las fuerzas armadas chilenas mantienen la misma actitud que exhibieron al recibir a Pinochet en triunfo a su regreso de Inglaterra, con un dispositivo armado a guerra para reprimir al pueblo. Luego sus máximas autoridades se extralimitaron emitiendo pronunciamientos políticos en favor del dictador, y tampoco pasó nada. Ahora están interviniendo por todas las vías salvar a su ex jefe. Pero no tendrán éxito. El lunes Pinochet deberá afrontar el interrogatorio.

 

Al banquillo

Como justa conclusión, el movimiento popualr chileno afirma que el documento militar es una farsa, que el show terminó y Pinochet debe ir al banquillo.

Ello reviste trascendenncia para Chile y para el mundo. No se olvide que los crímenes de la dictadura, del asesinato de Allende en adelante, fueron el corolario del golpe de Kissinger y Nixon, de la CIA, la ITT y la Braden Copper, y que con el asesinato de Letelier en 1976 llegó hasta su propia capital el brazo asesino de Pinochet.