BOLIVIA: SABOTAJE CRIMINAL

A ESTA ALTURA ES EVIDENTE QUE LA OPOSICION POLITICA EN BOLIVIA, ENCABEZADA POR LOS CINCO PREFECTOS (LOS CUATRO DE LA "MEDIA LUNA" MAS LA DE CHUQUISACA) ESTAN DISPUESTOS A LLEGAR A LOS ULTIMOS EXTREMOS Y PONER EN PRACTICA MEDIDAS DE SABOTAJE A LA ECONOMIA, CORTAR EL SUMINISTRO DE PETROLEO Y GAS A LOS PAISES VECINOS Y PROVOCAR EL DESABASTECIMIENTO INTERNO, ADEMAS DE IMPEDIR EL TRANSITO POR LAS CARRETERAS. SON MEDIDAS CRIMINALES, QUE ATENTAN NO SOLO CONTRA EL GOBIERNO DE EVO MORALES, SINO CONTRA BOLIVIA. LOS PREFECTOS ESTAN DEMOSTRANDO QUE ADEMAS DE SECESIONISTAS, SON ANTINACIONALES.

Escrito por: Niko Schvarz

Estas medidas ya comenzaron a ejecutarse, paralelamente a la intensificación de los cortes de las carreteras. Por ejemplo, en Caraparí, una comarca del Chaco boliviano, grupos opositores cercaron las rutas de ingreso del megacampo de San Alberto, operado por la petrolera brasileña Petrobrás, que produce alrededor del 30% del gas exportado. En poblaciones del Chaco el gas licuado de petróleo y el gas comenzaron a escasear. Los prefectos pretendieron desde el inicio asegurarse la impunidad por sus atentados. “No nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país” afirmaron los prefectos de Rubén Costas de Santa Cruz, Manuel Cossío de Tarija, Ernesto Suárez del Beni, Leopoldo Fernández de Pando, así como Savina Cuéllar de Chuquisaca. Además no descartaron que en el marco de las protestas haya ocupación de los campos petrolíferos y cierre de válvulas de exportación de gas natural a Argentina y Brasil.

Hacen recordar el paro petrolero salvaje de 2002 en Venezuela posterior al intento golpista contra Chávez, paro que provocó ingentes pérdidas que al país le costó años recuperar. Por añadidura, los prefectos anunciaron que “se ha decidido masificar el bloqueo de carreteras” en las tres ricas provincias gasíferas del Chaco boliviano.

Los objetivos de estas medidas son defender los privilegios de los sectores oligárquicos de esos departamentos, insistir en sus propósitos secesionistas bajo capa de defender la autonomía, impedir la aplicación de la legislación social impulsada por el gobierno como destinar parte del IDH (impuesto directo a los hidrocarburos) a costear el Bono Dignidad para los ancianos desvalidos, a lo que se agregó ahora con especial virulencia su negativa a la realización del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. En el colmo de la soberbia y del desacato a la ley, declararon que no permitirán su realización en sus territorios, que desean elevar a la condición de estados fuera del Estado. Por detrás de ello alientan sus propósitos secesionistas, reflejados en los llamados “estatutos autonómicos” que hicieron aprobar al margen de las normas legales en la “media luna” y que la prefecta de Chuquisaca aspira a reproducir en su departamento. Respecto a esto último, el ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada ha declarado: “Insistir en la aplicación de ilegales estatutos autonómicos solamente llevará a que los rasgos de separatismo, divisionismo y racismo se expresen de manera más virulenta en algunos departamentos del país”.

En el eje de esta controversia se ha situado el tema del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). El gobierno convocó al mismo mediante Decreto Supremo Nº 29.691, fijando la fecha del 7 de diciembre para que la ciudadanía decida al respecto. Los cinco prefectos se opusieron con uñas y dientes a la realización de dicho referéndum, del mismo modo que la oposición política (hoy totalmente desfibrada) se había opuesto al nuevo texto en los debates de la Asamblea Constituyente, a pesar de lo cual el mismo resultó aprobado en última instancia en Oruro el 9 de diciembre de 2007 con la mayoría de los 2/3 requerida. El 1º de setiembre una mayoría de dos vocales contra uno de la Corte Nacional Electoral determinó que la realización del referéndum requiere una ley aprobada por el Congreso.

En estas condiciones, el vicepresidente García Linera declaró que el Decreto Supremo aludido tiene una sólida base legal. La ley del 29 de febrero 2008 establecía la realización del referéndum, y el Decreto Supremo fijó la fecha. No obstante, el gobierno es proclive a que el tema se discuta en el Congreso. Simultáneamente, se ha puesto en marcha la llamada Iniciativa Ciudadana, que consiste en recoger 250 mil firmas para instar al Congreso a que considere y apruebe la realización del referéndum. La citada iniciativa es impulsada por sectores que anhelan la aprobación del nuevo texto, el cual consagra las conquistas sociales impulsadas por el gobierno y a la vez los distintos tipos de autonomías (departamentales, regionales, municipales e indígenas) y la máxima extensión de tierra en manos de un propietario. Por su parte, la oposición procura que esta instancia sirva para reabrir todo el debate sobre la Constitución, lo que abrirá un nuevo campo de confrontación.