Peligra la exportación de gas boliviano por protestas

Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, reunidos desde el martes en la ciudad de Santa Cruz (este), emitieron ayer miércoles un comunicado reivindicando sus demandas: el regreso de recursos que el gobierno le quitó, el respeto a sus estatutos autonómicos y el rechazo a la nueva Constitución del oficialismo.

Los opositores advirtieron que «de persistir las acciones del gobierno, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de carburantes al exterior del país», en referencia a las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil.

Los prefectos y líderes cívicos determinaron además «rechazar e impedir el propósito de imponer un texto de reforma constitucional que carece de legalidad y legitimidad», tras la decisión del gobierno de insistir en la realización del referendo el próximo 7 de diciembre para dar luz verde a la norma. En ese sentido, ratificaron que no permitirán, en las cinco regiones, «ningún referendo», pues argumentan que el borrador de la Carta Magna sólo refleja el mundo andino y campesino, además, que su aprobación fue irregular y sin debate ni consenso.

Los líderes regionales afirmaron que también «se ha decidido masificar el bloqueo de carreteras en los cinco departamentos, en adhesión a las medidas del Chaco», cerca a las fronteras con Argentina y Paraguay, donde se cumple similar medida desde la semana pasada. La protesta, que ha suspendido todo tráfico terrestre a los dos países, pide que el Ejecutivo devuelva, a los nueve departamentos de Bolivia, unos 166 millones de dólares de un impuesto petrolero, al tiempo que rechaza la nueva Constitución de corte indígena y estatista que impulsa el oficialismo. También demandan que Brasil y Argentina, que consumen en total entre 32 y 34 millones de m3 de gas natural al día, paguen al menos el doble del precio que pagan, que oscila entre 7 y 9 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica). Tras el pronunciamento opositor, el gobierno de Morales salió al paso para devaluar los reclamos y para acusar a los prefectos de actuar con motivaciones políticas y para buscar el «separatismo y la división» de Bolivia.

«Insistir en la aplicación de ilegales estatutos autonómicos solamente llevará a que los rasgos de separatismo, divisionismo y racismo se expresen de manera más virulenta en algunos departamentos del país», afirmó el ministro de gobierno (interior), Alfredo Rada, en conferencia de prensa.

El poder Ejecutivo, temeroso por el probable devenir de protestas violentas, desplazó a policías y militares a ciudades y regiones rebeldes para precautelar oficinas estatales y campos, y plantas de gas. Pero el clima de beligerancia afloró el martes y miércoles en la ciudad amazónica de Trinidad, capital de Beni (noroeste), donde grupos cívicos de derecha y militares protagonizaron fuertes choques callejeros, que dejaron un herido y varios contusos.

El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a los líderes civiles locales de efectuar «un terrorismo de intimidación».

 

EL CONFLICTO

LA OPOSICIÓN: Los prefectos y líderes cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija ­principales opositores al presidente Evo Morales­ acordaron su rechazo a la nueva Constitución de corte estatista e indigenista, que el oficialismo insiste en aprobarla en referendo en diciembre. Anunciaron bloqueos de caminos en los cinco departamentos y dijeron que no se responsabilizan si se suspende la exportación de gas natural a Argentina y Brasil.

CORTES DE RUTAS: Tres ricas regiones gasíferas del Chaco boliviano, colindantes con Argentina y Paraguay, sostienen un corte de rutas desde el lunes de la semana pasada y también amenazaron con la toma de campos petroleros y de gas.

MILITARIZACION: El gobierno movilizó tropas del Ejército y la Policía a campos y plantas hidrocarburíferas y a oficinas públicas en los cinco distritos rebeldes y aprobó un decreto para penalizar eventuales tomas violentas de grupos cívicos.

CHOQUES ENTRE CIVILES Y MILITARES: Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni y feudo opositor, se convirtió, el martes, en escenario de fuertes choques entre grupos civiles y militares, durante el intento de toma forzosa de una oficina pública, con el saldo de un herido y varios contusos. Este miércoles continúa la tensión.

DEMANDAS OPOSITORAS: La oposición pide al presidente Morales devolver a los nueve departamentos unos 166 millones de dólares de un impuesto petrolero que el gobierno usa para pagar una bonificación a los ancianos.

También reivindican la formación de gobiernos autónomos, aprobados en referendos entre mayo y junio, y se oponen con tenacidad a la nueva Constitución que el gobierno propugna.