BOLIVIA: ESCALADA DE VIOLENCIA

Estas acciones han sido definidas como una opción por la confrontación, la violencia y la ruptura del Estado de derecho, enmarcada en la negativa al diálogo propuesto por el Presidente y reiterado desde el Palacio Quemado apenas se conocieron los resultados del revocatorio.

Desde el inicio del paro, La Razón reportaba «agresiones a policías, periodistas y destrozos de vehículos», agregaba que «grupos de la Unión Juvenil Cruceñista armados con palos recorrían en autobuses y camionetas la capital cruceña, agredían a una patrulla de policías y destrozaban el parabrisas de su vehículo en el barrio Plan 3000″ y «obligaban al cierre de los locales comerciales y de negocios que atendían a los parroquianos», ya que la orden era de que en esas zonas «no debe volar ni una mosca». Además, «periodistas del Canal Bolivisión de TV fueron también agredidos pese a que se identificaron como trabajadores de medios de comunicación. Se denuncia destrozo de cámaras y daños en el vehículo». En otro escenario, en Tarija, integrantes de estas bandas irrumpieron por la fuerza en las oficinas de la Aduana. Un comunicado de la entidad señala que la ocupación tiene por objetivo «encubrir el interés particular de una de las principales dirigentes del Comité Cívico de Tarija, a quien se le sigue un proceso criminal por el delito de contrabando y receptación de objeto robado». En las horas siguientes, los desmanes siguieron in crescendo, así como los cortes de rutas y carreteras, en todos los casos con desbordes agresivos, como pudimos apreciarlo por TV. Antes, el 15 de agosto, habían tratado de tomar el comando de la policía en Santa Cruz de la Sierra. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó el paro como una acción golpista, destinada a desestabilizar al gobierno.

Todas estas acciones eran premeditadas. El paro fue lanzado por los prefectos secesionistas el 14 de este mes mediante un documento que reclama, en primer lugar, la aplicación inmediata de los estatutos autonómicos, como fue reiterado por el prefecto Rubén Costas el día 16 en un discurso extremadamente agresivo y violento contra el presidente. Cabe recordar que estos estatutos fueron aprobados en una consulta ilegal, al margen de la Constitución y de la ley. Dicen en segundo término que debe revisarse el padrón electoral, y que hasta que eso no se cumpla no podrá realizarse ningún evento electoral de carácter nacional. La verdad es que el padrón fue examinado por la misión de observadores de la OEA y otros expertos (entre ellos nuestro compatriota Wilfredo Penco) y hallado en buena y debida forma, con el agregado de que la consulta del 10 de agosto, según el juicio unánime de los veedores diversos, estuvo rodeada de todas las garantías. En tercer término, reclaman que el IDH se vierta en su propio beneficio (y no de los ancianos en situación de pobreza), y en el colmo de la desvergüenza advierten a las autoridades nacionales que hasta que ello no se cumpla, «su presencia en nuestros departamentos será considerada no grata y no bienvenida».

Es una declaración de guerra y a favor de la secesión. Uno de sus objetivos es impedir que se someta a consulta popular la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente con los votos del MAS y sus aliados y el rechazo de los partidos opositores, como Podemos de Tuto Quiroga. En esa nueva Constitución se plasman los grandes cambios sociales que ha ido introduciendo el gobierno de Evo Morales, y por cuya continuidad votaron más de dos de cada tres bolivianos en el revocatorio. Importa destacar la firme decisión del gobierno de institucionalizar estos cambios, y refrendarlos a tono con la voluntad popular. Un proceso similar se está dando en Ecuador, donde se gesta un gran movimiento cívico por la aprobación de la nueva Constitución puesta a punto tras seis meses de labor y que será plebiscitada el 28 de setiembre.

Así, en dura lid, apelando al pueblo y enfrentando una resistencia encarnizada de los sectores oligárquicos dispuestos a defender sus intereses por todos los medios, se va abriendo paso el proceso de cambios progresistas en Bolivia. No será un regalo, sino un fruto de la lucha con participación del pueblo. Como en el caso de Paraguay, decimos: es difícil, pero posible.