El Congreso definirá precio de Aerolíneas

«Lo que fije el Congreso va a ser lo que el Estado nacional finalmente pague por la empresa», dijo a la prensa el miércoles el líder de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, al detallar los cambios al proyecto de reestatización de la línea de bandera, que deberá votar el Congreso.

Al contrario, el texto que envió la presidenta Cristina Fernández al Parlamento preveía que los legisladores refrendaran o rechazaran el acta de acuerdo que firmaron autoridades argentinas y directivos de Marsans en julio para el traspaso de la compañía, cuyo pasivo suma 890 millones de dólares.

Por ese documento, ambas partes debían acordar el mecanismo para fijar el precio de la empresa y sólo en caso de discrepancia acudirían a un tercer organismo neutral.

El gobierno intenta así calmar las voces disonantes dentro del oficialismo y quitarle fuerza a un proyecto alternativo de la oposición que impulsa la declaración de quiebra de Aerolíneas y la creación de una nueva línea aérea estatal.

La iniciativa para recuperar Aerolíneas, que junto con su filial Austral controla el 80% del mercado de cabotaje de Argentina, llegó al Congreso tras el revés que sufrió el gobierno en julio cuando el Parlamento votó en contra de un estratégico proyecto para aplicar impuestos móviles a las exportaciones de alimentos.

Los legisladores oficialistas acordaron además quitar la cláusula que abría la puerta a una futura reprivatización de la aerolínea, que figuraba en el acuerdo con los españoles.

Con la nueva propuesta «vamos a asegurar nuestra mayoría y a conseguir el apoyo de otros bloques», afirmó Rossi.

La oposición socialdemócrata, liberal, liberalcristiana y disidentes peronistas rechazaron que el Estado asuma la millonaria deuda de Aerolíneas y acusaron a Marsans de propiciar el vaciamiento de la empresa, en bancarrota tras siete años de administración del grupo español.

La privatización de AA y Austral fue una de las más polémicas de la década del 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem (1989-99) las cedió por adjudicación directa a la española Iberia, pese a un aluvión de denuncias judiciales por presunta corrupción.

Iberia se retiró del negocio en 2001 y dejó un pasivo de 700 millones de dólares, que tuvo que aportar el erario público argentino para transferir la posesión a Marsans, que pagó un precio simbólico de un dólar.

Con las dificultades de gerenciamiento por parte de Marsans, el Estado tuvo que pagar el mes pasado el salario de los 9.000 empleados de AA y Austral, en medio de conflictos entre los sindicatos aeronáuticos y el grupo español, que derivaron en cancelaciones y atrasos de vuelos domésticos e internacionales.