El Estado venezolano controlará el 90% de la producción de cemento

El lunes a medianoche, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, acompañado de trabajadores y partidarios del gobierno tomó simbólicamente el control de una planta de Cemex en el este del país. Lo mismo sucedió en otras plantas de Venezuela.

«Se activa a partir de este momento un decreto de expropiación y la estabilidad laboral de los trabajadores está garantizada por el Estado venezolano (…) Más allá del interés comercial se impondrá el interés de los venezolanos», afirmó Ramírez.

Horas antes, el gobierno pagó un total de 819 millones de dólares por el 89% del capital de Lafarge (267 millones de dólares) y el 85% de Holcim (552 millones), con las que se llegó a acuerdos amistosos.

Según Ramírez, el Estado venezolano pasa así a tener «cerca del 90% del control del mercado de cemento» nacional, cuya estatización se anunció el pasado abril.

A partir de ayer martes, cuando Chávez firme el decreto de expropiación, un grupo de peritos debe calcular el valor de la empresa y si no se llega a un acuerdo en 60 días, se recurrirá a un arbitraje judicial.

«Creo que hay un margen de negociación todavía. No creo que estemos en un punto de no retorno. A Cemex no le conviene», explicó a la AFP Asdrúbal Oliveros, responsable de la firma Ecoanalítica.

La nacionalización de la industria cementera en Venezuela se justifica, según el gobierno, por el déficit de viviendas en el país.

El promedio de construcción de casas varía entre 40.000 y 50.000 por año desde 2004 mientras que la demanda se ubica en unas 100.000 por año, según fuentes del sector.

«Cemex posee una tecnología muy atrasada, tenían un pasivo ambiental y fiscal muy importante (…) y por supuesto no hicieron las inversiones necesarias para suplir la demanda», subrayó Ramírez.

Sin embargo, Cemex, presente hace 60 años en Venezuela, asegura que es responsable de cerca de 50% de lo que se ha edificado recientemente en este país.

«Los precios que el gobierno está pagando son los que nosotros habíamos estimado. El caso Cemex es más complicado, pero los números que manejamos para ella también están próximos a la oferta que les hizo el gobierno», consideró Oliveros.

Según él, la falta de acuerdo con Cemex se debió a que la firma mexicana tiene una alta proporción de acciones en la bolsa de Venezuela, «lo que implica que tal vez habría que pasar por una Oferta Pública de Adquisición (OPA)».

Además, el Estado venezolano «se molestó mucho» cuando Cemex vendió recientemente unos activos que estaban fuera del país pero a nombre de Cemex-Venezuela. Por último, existen conflictos ambientales y laborales que han «enrarecido» mucho las negociaciones.

En el caso de las cementeras suiza y francesa, las reuniones mantenidas en los últimos meses con el gobierno fueron satisfactorias. Para Máximo Dolman, director de Lafarge en Venezuela, el acuerdo no mermará la calidad del servicio prestado en Venezuela «por más de 100 años».

«Trabajaremos en equipo con el gobierno venezolano para que siga creciendo el mercado de la construcción en Venezuela», aseguró.

Según José Guerra, ex responsable de investigaciones económicas del Banco Central, esta nacionalización concreta la «tendencia general de estatización de la economía» venezolana.

El experto recordó que en otras nacionalizaciones, como la de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) este año o la Faja petrolera del Orinoco, en 2007, los niveles de producción no se han mantenido.

«En Sidor la producción ha caído un 25%. En la Faja tampoco ha habido un avance. Las nacionalizaciones son un mal negocio para los venezolanos», estimó.

Según Guerra, si el Estado desea invertir en un sector estratégico, en lugar de gastar comprando los capitales privados debería crear nuevas plantas para aumentar la capacidad de producción.

La producción de cemento en Venezuela en 2007 llegó a 10,2 millones de toneladas métricas. Un 50% corresponde a Cemex, un 25% a Holcim y 25% a Lafarge.