Calderón quería destruir boletas

El gobierno de Felipe Calderón insiste: no hay ninguna justificación para que se abran los paquetes de la elección presidencial de 2006. Con ese argumento, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejar sin efecto la solicitud hecha al Estado mexicano para tomar medidas cautelares a favor de Proceso.

Con las medidas precautorias, el organismo interamericano pretende evitar que las autoridades mexicanas destruyan la papelería electoral que dio como ganador de los controvertidos comicios del 2 de julio de 2006 a Calderón.

Aunque la protección requerida al Estado mexicano sólo aplicaría en tanto la CIDH resuelve si admite la denuncia de la revista respecto de la violación del derecho de acceso a la información, el gobierno de Calderón consideró que la solicitud de la Comisión Interamericana debe ser desechada por imprecisa, desproporcionada, parcial, y alejada de los hechos.

Pero también, porque no hay precedentes en el continente americano de que la Comisión haya hecho una petición de medidas cautelares relacionada con el acceso a las boletas electorales.

Aunque no retomó en forma explícita el argumento del IFE de que dar acceso a las boletas afectaría incluso la seguridad nacional. Calderón le advirtió a la CIDH que si se tomara ese tipo de provisiones, las consecuencias serían ahora no sólo para México, sino posteriormente para todo el continente.

Sin precisar a qué tipo de intereses aludía, el Ejecutivo mexicano aseguró que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la información en materia electoral debe estar limitada «en función de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales».

El pasado 18 de julio, la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que depende la CIDH, entregó al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, la respuesta del gobierno de Calderón a la petición de las medidas cautelares.

La oficina de México en la OEA indicó que se trata de la «respuesta del gobierno de México», aunque en el texto entregado a la CIDH se habla en nombre del Estado mexicano.

Consultado sobre la probable participación del Instituto Federal Electoral (IFE) en la elaboración de la respuesta, el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, señaló que no participó.

«Se trata de un procedimiento que involucra a un organismo internacional y al Estado mexicano, por lo que (…) el IFE no tiene, en este momento, una participación directa; es decir, que las recomendaciones de la Comisión no han sido dirigidas al IFE, sino al Estado mexicano», respondió Valdés cuando fue consultado por el reportero.

De acuerdo con la respuesta de Calderón a la CIDH, el IFE, el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron lo que debían al negar el acceso a las boletas.

Explicó que el sistema electoral mexicano no considera este tipo de peticiones de información y sí, en cambio, la destrucción de las boletas para que el proceso electoral termine en definitiva.

Más aún, dijo que una petición de ese tipo carece de sentido porque la información «exacta» de las boletas se encuentra en otros documentos de acceso público, como son las actas electorales. El escrito entregado por el gobierno de Calderón en Washington, donde la OEA tiene su sede, consta de 58 puntos en los que después de desestimar tanto los argumentos de Proceso como la actuación de la CIDH, le pide a ésta que «deje sin efecto la solicitud de medidas cautelares» a favor de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista.

Apoyado por el equipo de abogados de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Rodríguez Castañeda presentó en abril pasado una denuncia de hechos ante la CIDH luego de que la Suprema Corte –en una cerrada votación de seis a cinco– rechazó otorgarle un amparo en contra de la decisión del IFE, de negar el acceso a los paquetes de aquella elección.

La denuncia de hechos señala que con ese doble rechazo, el del IFE y el del Poder Judicial, el Estado mexicano violó el derecho de acceso a la información de Rodríguez Castañeda, protegido por el artículo Sexto de la Constitución y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo cumplimiento está comprometido el Estado mexicano. La CIDH aceptó estudiar la denuncia, pero mientras se pronuncia respecto de su aceptación, el pasado 2 de julio –justo a los dos años de los comicios presidenciales– acordó solicitarle al Estado mexicano «suspender la destrucción de las boletas», como una medida para cautelar los derechos reclamados por el director del semanario.

En la respuesta de Calderón no sólo se reiteran los argumentos del IFE y la Suprema Corte para negar el acceso a las boletas, también se rebaten los argumentos de la CIDH «no es clara ni precisa». A pesar de que en la denuncia la controversia se centra en las boletas de la elección presidencial, la respuesta dice que la solicitud de la CIDH de «suspender la destrucción de las boletas electorales del 2 de julio de 2006″ es una muestra de «la complejidad» de esa elección. Pero por complejidad se refiere sólo a la diversidad de cargos en disputa durante esa jornada electoral y no a la controversia e incertidumbre de dos meses generadas por la falta de resultados firmes. Fue hasta setiembre de 2006 cuando el Tribunal Electoral calificó como legal la elección.