General represor justifica la dictadura argentina

En silla de ruedas y conectado a un tubo de oxígeno, Bussi (82 años) utilizó la oportunidad que le dio la Justicia para declarar en el juicio que se sustancia en la provincia de Tucumán (norte), antes que comiencen la indagatoria de los testigos.

El poderoso ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército criticó «la omisión sistemática y deliberada del marco histórico» en que tuvo lugar «la lucha contra la subversión» y dijo que los militares participaron en ella a partir de una orden emanada, en 1975, por la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón.

Aseguró que en Tucumán ­adonde encabezó el Operativo Independencia contra la guerrilla y fue luego gobernador de facto tras el golpe­ tuvo lugar «una guerra para aniquilar la agresión marxista leninista de bandas de delincuentes terroristas organizadas».

«Esas bandas no eran jóvenes idealistas sino traidores a la Patria», dijo Bussi y consideró que «la figura del desaparecido es un arbitrio de la subversión para ocultar el reclutamiento de individuos comprometidos con el ideario revolucionario».

«Siento ser una víctima del rencor y la venganza de los derrotados de ayer en las urnas. Están utilizando la Justicia para destruirme como ciudadano», afirmó entre sollozos.

Tras la restauración democrática en 1983, el general retirado fue encausado por innumerables delitos pero finalmente fue beneficiado en 1986 por las leyes del perdón, que fueron anuladas por el Congreso en 2003.

Tras ser exculpado, fue uno de los escasos represores que en democracia lograron el apoyo de las urnas por Fuerza Republicana, el partido de derecha que fundó. Fue electo gobernador de Tucumán (1995-1999) y en 1999 ganó una banca de diputado nacional, pero sus pares rechazaron su diploma por considerar que su «participación activa en crímenes de lesa humanidad lo inhabilitaban moralmente» para ejercer el cargo.

No obstante, Bussi volvió a presentarse y resultó electo alcalde de la capital tucumana en 2003, cargo que no pudo asumir, ya que 15 días antes de jurar fue detenido por la desaparición en 1976 de Guillermo Vargas Aignasse, por el que se le juzga ahora.

El juicio se reanudó este viernes luego de una suspensión el martes, cuando Bussi alegó sentir un fuerte dolor en el pecho y fue sacado por recomendación médica en una camilla, que fue rodeada por los familiares de víctimas al grito de «¡Asesino! ¡Asesino!.

Bussi es procesado por el secuestro, torturas y muerte del senador peronista Aignasse junto al general retirado Luciano Benjamín Menéndez (81 años), quien hizo el viernes una breve intervención en la que consideró incompetente al tribunal y también justificó la represión.

Menéndez había sido condenado el 24 de julio a prisión perpetua en una cárcel común por crímenes cometidos en ‘La Perla’, uno de los tres mayores campos de exterminio de adversarios, ubicado en Córdoba (centro).

La causa es la primera que llega a juicio oral, de un medio millar, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán antes de y durante la dictadura.

Durante el régimen de facto, en Argentina desaparecieron 30.000 personas, según organismos humanitarios.

Menéndez llegó pasadas las 7.30. Ambos fueron trasladados por el Servicio Penitenciario Federal, a diferencia de lo que había ocurrido el martes pasado.

Bussi ingresó custodiado por policías portando escudos protectores, informó la agencia Télam.

A los militares retirados se les imputaron los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el Derecho Internacional.

 

El diputado argentino Gerónimo Vargas Aignasse dijo que la defensa del ex represor Antonio Domingo Bussi «siempre intentó obstaculizar» el accionar de la Justicia «utilizando como argumento un sainete de enfermedades» para impedir el desarrollo del juicio oral por la desaparición de su padre, el ex legislador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Según el parlamentario oficialista, Bussi «se encuentra en óptimas condiciones para declarar. Lo que pasa -agregó- es que no tiene valor para enfrentar a la Justicia».

Además, durante la reanudación del juicio oral y público, el primero que se realiza en Tucumán por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, Vargas Aignasse comentó que espera «que durante estas jornadas se terminen con las teorías de la defensa que intentan, desde hace tiempo, confundir a la opinión pública, sobre los hechos ocurridos» en la década del 70.