Perpetua para los secuestradores

El secuestro y asesinato de un adolescente hijo de una familia acaudalada seguido de la detención de policías sospechosos del crimen, propició un clamor que llevó al presidente conservador Felipe Calderón a pedir al Congreso que retome un proyecto para endurecer las penas contra secuestradores.

El cuerpo del adolescente Fernando Martí, de 14 años, hijo de uno de los ex propietarios de la cadena más grande de tiendas de deportes en México, secuestrado a finales de junio, fue encontrado el viernes pasado en un coche.

Un comandante en jefe de la policía judicial de la Ciudad de México y dos policías fueron detenidos por considerárselos sospechosos por el caso que ha desatado una ola de conmoción, similar a la que hace cuatro años originó marchas en reclamo de mayor seguridad en las que participaron centenares de miles de personas.

Los policías forman parte presuntamente de una banda compuesta por uniformados corruptos llamada «La flor».

En una primera reacción, Calederón y el alcalde de izquierda de la capital mexicana Marcelo Ebrard se tiraban la pelota sobre el asunto.

Fue hasta este miércoles que el presidente pidió al Senado retomar su iniciativa para endurecer las penas contra secuestradores, incluida la cadena perpetua.

En un mensaje a la nación, el mandatario conservador dijo que «el agravio de la sociedad requiere por una parte que se termine con la impunidad en la investigación de los delitos y por otra que los castigos sean verdaderamente inhibidores de la acción criminal».

Calderón propone en su iniciativa enviada también a la Cámara Baja «cadena perpetua para secuestradores que sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, secuestren a menores de edad o personas incapaces, lesionen, mutilen, torturen, lastimen gravemente o priven de la vida a las víctimas».

Sin embargo, algunos como José Antonio Ortega, presidente del empresarial Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha pedido que vuelva a ser permitida la portación de un arma por persona y la contratación de grupos de seguridad privados y armados.

«Otra vez la implicación directa de los policías en los secuestros y otros crímenes atroces, otra vez las repugnantes excusas y las mentiras de los agentes del ministerio público y los procuradores, otra vez la consternación fingida y las promesas huecas de los gobernantes y políticos», escribe en un comunicado el miércoles.