Parlatino preocupado por la ley

Parlamento Latinoamericano (Parlatino) pidieron ayer lunes a sus colegas europeos una revisión y clarificación de la directiva Retorno, aprobada el pasado día 18, a fin de que se entienda bien su aplicación sobre los inmigrantes latinoamericanos.

«Hay que explicar bien su auténtico significado. Hay que aclarar que no entra en vigor hasta dentro de dos años y que cada país tiene derecho a aplicarlo según su propia legislación. No es una resolución absoluta», afirmó la presidenta del Parlamento Andino, Ivonne Juez de Baki en rueda de prensa.

«La nueva directiva de la Unión Europea (UE) provocó una reacción bastante fuerte en nuestros países, un rechazo total, porque no se esperaba y no fue explicada como es en realidad», añadió Juez de Baki, tras una reunión de parlamentarios europeos y latinoamericanos.

La reunión, celebrada en Madrid, tuvo lugar bajo los auspicios de la Asamblea Euro-latinoamericana (Eurolat).

La aprobación de la nueva directiva europea, que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales de la UE con periodos de retención de hasta 18 meses a quienes se nieguen a partir por iniciativa propia, además de imponer una prohibición de cinco años de regresar a territorio del bloque, levantó una protesta unánime entre los países latinoamericanos.

Para estos países, la directiva es un «intento de criminalización de la migración irregular», hasta el punto de que el Mercosur aprobó una declaración hace dos semanas, en la que «expresaron el rechazo a la aprobación de la directiva».

De Baki pidió «que se entienda la reacción de América Latina», al tiempo que adelantó que se va a trabajar con los países receptores de emigración latinoamericana para que se entienda que la directiva «no debe tomarse como se expresa en su totalidad».

«Es importante remarcar que la directiva de la UE ha sido establecida en el marco de los derechos humanos. Su objetivo no es criminalizar, tal y como se ha entendido en muchos países», afirmó el europarlamentario español, José Ignacio Salafranca, co-presidente del Eurolat.

«Se entiende que todos tenemos a derecho a buscar una vida mejor en otro país, pero para ello hay que atenerse a una serie de normas, y lo digo desde la perspectiva de España, que fue un país de emigrantes», añadió Salafranca.

El gobierno español ya adelantó en su momento que la directiva europea no va influir en su legislación sobre inmigración, aunque estudia ampliar el plazo de retención de inmigrantes clandestinos de 40 a 60 días a fin de tener más tiempo para organizar las expulsiones.