Conmutarían penas a presos de La Tablada

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

Así fue decidido, según supo este diario, en una reunión el último viernes, donde estuvo junto al presidente, el secretario general de la presidencia, Horacio Jaunarena, el jefe del Gabinete, Chrystian Colombo, el titular de Justicia, Jorge de la Rúa, y luego se incorporó el ministro del Interior, Federico Storani. «En la agenda internacional, los derechos humanos están en un primer lugar y por eso hay que tomar esa decisión», le dijo a este diario uno de los participantes en ese encuentro.

El presidente puede indultar o conmutar penas y sus ministros le aconsejaron este camino para no repetir el que adoptó Carlos Menem respecto a los responsables del terrorismo de Estado. De la Rúa sintió como un grave revés que la Suprema Corte en fallo dividido indicó que el tema no es judiciable, sino legislativo, con lo que devuelve la responsabilidad al Parlamento, «que debería abocarse al tema», dijo el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, pero no es ese el rumbo decidido. La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, hizo una lectura diferente cuando declaró que la solución a la huelga de hambre está «centralizada en la voluntad del presidente» De la Rúa. La decisión adoptada no implicará la libertad de los presos y no alcanzará en ningún caso a Enrique Gorriarán Merlo y a su esposa, Ana María Sívori, a quienes la Corte Suprema les abrió el camino de la apelación, que no modificó las severas penas del tribunal de San Martín.

 

Intenso forcejeo

Las penas serán conmutadas, pero el forcejeo interno no concluyó. El criterio adoptado es que los presos deberían quedar en la cárcel todavía «unos meses más», que puede ser hasta un año. Pero mientras un sector del gobierno pretende reducir a no más de dos meses, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, como cabeza del «ala dura», sostiene que nada debe hacerse, porque sería un mal mensaje hacia las FFAA.

Una fuente de Defensa le comentó a este periodista que esa medida no afectará la disciplina militar pero sí el estado de ánimo de los oficiales «y si algún juzgado los llama por los juicios por la Verdad, es probable que se nieguen a concurrir». Los juicios de la Verdad tienden a profundizar lo ocurrido en los años de plomo con relación a los «desaparecidos» .

Un decreto presidencial no abrirá una segunda instancia judicial, ya que el fallo de la Corte agotó la decisión en torno a esta cuestión, porque el mismo fallo advierte que un decreto en ese sentido no seria constitucional. La subsecretaria Conti no dejó de apreciar algunos riesgos. Uno que «no se puede, por una libertad dada por gracia presidencial, hacerle pensar a la población argentina que cualquier preso que haga una huelga de hambre podrá obtener su libertad». Y dos, que los presos de La Tablada, pidan la «libertad inmediata» y se nieguen a abandonar el ayuno.

Hay un temor en el Gobierno y en entidades defensoras de Derechos Humanos y en sectores políticos: que por alguna infección, muy común en los hospitales, provoque la muerte de alguno de los ayunantes. Los informes son de temer: Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti, Miguel Angel Aguirre, Alberto Luis Díaz, Carlos Motto y Claudio Rodríguez, todos internados en el hospital Fernández, presentan «desnutrición severa» y su cuadro general es de «una descompensación moderada a grave». Y Margarita Isabel Fernández, Beatriz Claudia Acosta, Ana María Sívori, Gustavo Mesatti, José Moreyra y Manuel Sergio Paz, se encuentran «sin signos de descompensación» y «deambulan por sus propios medios», según el informe del Servicio Penitenciario.