Un camino hacia la paz en Colombia

Este proceso está llamado a superar una situación interna dramática, que se prolonga desde hace más de 40 años.

Las liberaciones producidas el 2 de julio estuvieron precedidas por las de Clara Rojas y Consuelo González el 11 de enero y por las de los cuatro ex congresistas el 27 de febrero, con una participación decisiva del presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba y con las buenas gestiones de países latinoamericanos (Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina) y europeos, principalmente Francia, España y Suiza.

Ahora estos mismos países y sus líderes han expresado, en forma unánime, su júbilo por las nuevas liberaciones y su voluntad manifiesta de impulsar mecanismos y acciones por una paz definitiva en Colombia, a ejemplo de lo sucedido en países de América Central, como El Salvador y Guatemala. Ingrid Betancourt, en sus primeras declaraciones, instó a los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa a persistir en sus esfuerzos a favor de una solución concertada del conflicto.

Pero también está latente la tendencia opuesta. Militares que hablaron junto con los jefes del ejército en la conferencia de prensa inicial dijeron que había que ir a un exterminio total, como se hizo con Raúl Reyes. O sea, el bombardeo en horas de la madrugada del 1º de marzo de un campamento en suelo ecuatoriano donde dormían guerrilleros colombianos y jóvenes visitantes de diversas nacionalidades, con uso de tecnología yanki, ocupación de territorio, tiros de gracia a los heridos y secuestro de cadáveres, «como parte del plan terrorista del gobierno de Estados Unidos, lo que repugnó al mundo», para atenernos a la descripción de Fidel Castro. El Polo Democrático Alternativo (PDA) en su declaración sobre los sucesos, advierte con la firma de Carlos Gaviria, que «el éxito de este operativo no puede llevar a la conclusión ligera de que el rescate militar es el método eficaz y seguro para liberar a los secuestrados, sin riesgo para su vida e integridad, y de que debe desecharse la posibilidad de un acuerdo humanitario como paliativo a las consecuencias del conflicto armado mientras éste subsista». En el mismo sentido se pronunció Piedad Córdoba en declaraciones muy meditadas, diciendo que hay que volver a colocar en el centro de la escena el intercambio humanitario y buscar la forma de que el gobierno y la guerrilla converjan en ese campo.

A esta altura, no cabe duda de que se trató de un operativo militar y de inteligencia con participación de los servicios de inteligencia y la tecnología de punta norteamericana. Los jefes militares (Freddy Morales y general Montoya) exhibieron ante Patricia Janiot, de la CNN, las maquetas en que se resume el conjunto de los operativos de inteligencia llevados a cabo durante meses en una vasta zona del territorio, estableciendo un cerco a las FARC. Todo ello monitoreado y dirigido por el Comando Sur, con sede en Miami y que se encarga de la relación militar de EEUU con América Latina y el Caribe. Una información de este organismo recogida por AFP reconoce que el mismo «tiene una fuerte intervención en el conflicto armado en Colombia» y que condujo 175 operaciones de inteligencia y realizó 3.600 salidas de reconocimiento y vigilancia.

El pretexto aducido era liberar a los tres norteamericanos contratados por el Pentágono: Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonzalves. En el período anterior al 2 de julio, el Comando Sur realizó 17 mil horas de vuelo durante 54 desplazamientos operacionales. Esto se extendió por lo menos durante 5 años, a un costo reconocido de 50 millones de dólares anuales, y planificó 6 escenarios de crisis, en los que intervinieron 300 hombres del Pentágono y personal de inteligencia. El embajador de EEUU, William Brownfield, dijo que EEUU sólo brindó «apoyo técnico y de inteligencia», el ministro de Defensa Juan Manuel Santos informó que tuvo una reunión previa con el embajador, la vocera de la Casa Blanca Dana Perino dijo que su gobierno «estaba al corriente del operativo durante su fase preparatoria». También fue informado el senador McCain, que no por casualidad visitó Colombia ese día.

También ha quedado plenamente comprobada la intervención de la inteligencia israelí y sus servicios, el Mossad. Lo dijo Ingrid Betancourt en su primera declaración, lo reiteraron los diarios Haaretz y Yediot Aharonot, nombrando a las empresas que vendieron equipos y tecnología y citando a los militares en reserva especializados en esas funciones que las dirigen. «Hemos suministrado a las fuerzas especiales medios sofisticados para combatir a la guerrilla», declararon. El ministro israelí de Defensa, Shlomo Dror, confirmó que «firmas privadas israelíes de seguridad operan en Colombia con autorización del ministerio», y que las fuerzas especiales colombianas poseen material ultramoderno como el fusil de asalto israelí Tavor con visión holográfica, fusiles M-4 y helicópteros Blackhawk de EEUU. Estas unidades- agregó- están asesoradas por más de mil Boinas Verdes USA, por instructores israelíes y fuerzas de elite británicas.

La tercera pata del operativo es la plata que circuló a raudales. La radio Suisse Romande informó en la primera hora de 20 millones de dólares, pero el propio ministro Juan Manuel Santos subió el monto a 100 millones y aludió a la política de recompensas instaurada por su gobierno.

Para Jaime Caycedo, se desplegó una operación militar calculada, organizada y pagada, dotada de medios de inteligencia militar sofisticada y con información precisa obtenida por medios satelitales que integran el plan Colombia (que es una ley de EEUU, recordó) y bajo la dirección del Comando Sur. Fue el resultado de un trabajo prolongado con asesores estadounidenses e israelíes, operación muy costosa, con intervención de dos aviones norteamericanos y otro en sobrevuelo. Esto no puede llevar a acreditar el rescate por vía militar, sino que debe insistirse en la vía del intercambio humanitario, expresó.

El Polo Democrático al final de su declaración reitera sus enérgicas críticas al gobierno colombiano por su injerencia en órbitas de otros poderes (como la Justicia) y el desdibujamiento del estado social de derecho.