Después del anuncio del blindaje que recibió el gobierno de De la Rúa

Ultimátum de la CGT

Managua, Reuters

Y al mismo tiempos en diversos puntos del interior volvieron los cortes de ruta y la represión. De espaldas a la Casa Rosada, al lado del Ministerio de Economía miles de trabajadores convocados por la CGT llamada «oficialista» reclamaron contra el corte de los sueldos de los empleados estatales, formalmente en trámite de devolución establecido en un artículo del presupuesto nacional, cuya ambigua redacción limita a cero sus alcances, pero igualmente el titular de la cartera, José Luis Machinea, quiere vetar.

Para el gobierno, la razón de la movilización estriba en los actuales trámites de reglamentación de una norma que desregula el mercado de la salud donde los sindicatos buscan las mejores condiciones posibles para no ser deglutidos por las corporaciones privadas.

 

Obras sociales en la mira

Las obras sociales sindicales han sido desde años un bocado de cardenal para los capitales que lucran en el mercado de la salud con un movimiento de más de cuatro mil millones de dólares anuales. Las hay buenas, regulares y malas, pero los viejos jerarcas sindicales cuidan su control con escasos métodos democráticos, porque ellas son una fuente de recursos para financiar parte de la actividad política del peronismo, como es en este caso.

La CGT de Daer, no consiguió atraer ayer a las otras dos centrales, la CGT que lidera el camionero Hugo Moyano, autotitulada «combativa» y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que tiene una concepción de trabajo más vinculada a las tradiciones clasistas, aunque parte de quienes así se califican están enrolados fuera de toda central. Pero no se inmutó: la víspera fue una pulseada intersindical, un forcejeo por ganar a las masas descontentas.

Si la CGT (Daer) logra su objetivo de salva taje de sus Obras Sociales no es algo que haya que desdeñar, pese a que desde el Ministerio de Salud salen palabras de «desregulación o muerte». De todos modos, estas movilizaciones a la hora en que De la Rúa anunciara el blindaje financiero que bloquea la posibilidad de una cesación de pagos, al menos en el horizonte inmediato y prometiera para el año que se inicia mayor prosperidad que el olvidable que termina, constituye otra muestra de la bronca, de la escasa receptividad que hoy tiene, en sectores populares, el discurso oficial.

Daer combinó la dureza con llamado al diálogo, reclamó un salario mínimo de 500 dólares, pero no informó que la movilización, que puede llevar a una nueva huelga general, recibió el apoyo de Carlos Menem que calificó a esa central, que ayer fustigo al FMI, como la columna vertebral del peronismo.

 

Vuelven los piquetes

Amaneciendo ayer, la policía de la provincia de Neuquén desalojó con gases y balas de goma los accesos que cortaban los ingresos a la capital del mismo nombre. La gente se había agolpado en el puente para reclamar un subsidio de al menos 150 pesos para pasar las fiestas de fin de año. Los piqueteros que cortaban el puente que une a Neuquén con la provincia de Río Negro y en la ruta nacional 22, afirmaron que el accionar de la policía fue «muy violento», algo que pudo comprobarse cuando llegaron las imágenes de la televisión local.

Además, señalaron que la represión fue «indiscriminada», ya que sobre el puente había familias enteras que tuvieron que escapar para no ser alcanzadas por las balas de goma.

Los incidentes se extendieron a otros puntos de la provincia. El número de detenidos superó el medio millar, algunos serán procesados, un hábito en estos tiempos frente a los cortes de ruta, y hay varios heridos, incluso policías.

Otro puente, el que une las ciudades de Resistencia (Chaco) y de Corrientes, fue ocupado por choferes de colectivos afectados por medidas de la municipalidad correntina y anoche se aprestaban a resistir el desalojo de la gendarmería. Hace un año, en el mismo lugar, un desalojo compulsivo provocó dos muertes.

Todas las centrales programan nuevos paros, concentraciones, mítines para reclamar demandas de diversas maneras, y en este cuadro conflictivo el gobierno de la Alianza tiene aún que hacer aprobar la norma reformando el sistema previsional, madre de nuevas tormentas, incluso dentro de la coalición.

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