Argentina: los impuestos para financiar hospitales
El Programa de Redistribución Social que anunció el lunes la presidenta Cristina Fernán- dez se pondrá en marcha con lo que se recaude por concepto de tributos móviles a las ventas externas de soja y otros granos cuando la alícuota supere el 35%.
La medida representará un ingreso fiscal de unos 800 millones de dólares en 2008 y unos 1.300 millones en 2009, según estimaciones oficiales.
El dinero se destinará a la construcción de 30 hospitales en todo el país, 300 centros de asistencia primaria de salud, viviendas en zonas agrícolas y caminos rurales, dijo la presidenta.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández, afirmó que con el anuncio «la presidenta le puso punto final a la discusión sobre las retenciones (impuestos a las exportaciones) a la soja».
No obstante, grupos de productores mantenían este martes bloqueos al paso de camiones con granos en varias rutas de la provincia de Buenos Aires (centro-este), sin acatar el levantamiento de la huelga. Por otra parte, patronales de transportistas seguían impidiendo el paso a camiones con alimentos y combustibles, en protesta por las graves pérdidas que sufrieron por no poder cargar cereales, y amenazan con iniciar una huelga en todo el país si persisten los bloqueos por parte de ruralistas. «Hay productores que quieren seguir con la huelga agraria. El problema es que se va a producir menos leche, menos trigo, menos carne. Seguimos en asamblea al costado de las rutas», dijo Alfredo De Angeli, uno de los más populares líderes agrarios.
Argentina exporta materias primas agrícolas y productos agroindustriales por unos 35.000 millones de dólares, más del 50% de las ventas externas totales.
La administración de tales ingresos para las obras públicas quedará en manos de los gobernadores provinciales, que vienen soportando la presión de sus productores agrícolas, que se oponen a los impuestos flotantes.
El anuncio de Fernández fue realizado tras el levantamiento de la huelga agraria el lunes, y apunta a desactivar un conflicto que estalló en marzo con el aumento de los tributos a las ventas externas de soja, principal producto exportable, que los productores consideraron confiscatorio.
La medida recibió el aval de los dirigentes agropecuarios, pero exigieron que otros sectores, como el industrial y el financiero, aporten con sus ganancias para satisfacer las demandas sociales.
El conflicto agrario provocó síntomas de enfriamiento en la economía argentina, que venía creciendo a un ritmo promedio anual de casi 9% desde 2003, y afectó la pujanza exportadora en un país que tiene capacidad de producir alimentos para unos 300 millones de personas, con una población de 40 millones.
Las protestas y los bloqueos de rutas en la rica región central y el desaliento de los productores hizo caer en un 50% las ventas de maquinaria agrícola, y amenaza reducir la superficie sembrada con trigo en un 20%, según expertos.
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