¿Demencia o juicio?

Victor Vaccaro – Chile

En la tarde el foco de la noticia se centró en la pugna que las partes trasladaron a la primera sala del tribunal de alzada para definir el procedimiento a seguir en el cumplimiento de los exámenes que determinen el estado mental y neurológico del ex dictador, así como la discrepancia respecto al lugar en que se lleven a cabo los peritajes y la asistencia o no a ellos de especialistas designados tanto por la acusación como la defensa.

Que los exámenes tengan lugar en el Hospital Militar o en la Clínica de la Universidad de Chile y sean o no presenciados por expertos de confianza de los abogados carece de importancia y sólo ha contribuido a postergar la definición entre si primero son los exámenes médicos que deben hacerse todos los acusados mayores de 70 años, por si su estado mental los libera del juicio, como reclama la defensa, o lo primero es interrogar a Pinochet, declararlo reo, detenerlo en su domicilio y sólo después averiguar si se puede favorecer con la exculpación que la ley reserva a los dementes, como sostienen los querellantes.

Lo más probable, sin embargo, es que la Corte Suprema no se pronuncie sobre este punto clave y que este miércoles o jueves reafirme el amparo a favor de Pinochet, con lo que el ministro de fuero Juan Guzmán deberá definir el dilema, como ya lo hizo antes, postergando el interrogatorio para volver a declararlo reo hasta que se realicen los exámenes, o señalando, como también planteó en otro momento, que ambas diligencias pueden desarrollarse indistinta y simultáneamente.

Ante esta perspectiva, la estrategia de la defensa apunta a impedir de cualquier modo que Guzmán interrogue a Pinochet –como lo instruyó la Corte de Apelaciones– para que no pueda encausarlo ni detenerlo una vez corregido el error que anuló su anterior decisión y esperar que los exámenes médicos demuestren que está imposibilitado de ser juzgado, para de inmediato solicitar a la Suprema Corte que suspenda la investigación.

Los abogados de Pinochet ya tienen preparada una salida para tratar de eludir la norma del Código Penal según la cual sólo se puede suspender un juicio y detener la condena cuando se comprueba la locura temporal o definitiva del inculpado. Para evitar que vaya preso o se libre de la cárcel por estar demente, se alegará que la Constitución impuesta por el mismo Pinochet garantiza que una persona no puede ser enjuiciada sin el debido proceso por no estar en condiciones de defenderse, cosa que nunca se tuvo en cuenta ni en los miles de recursos de amparo ni en los alegatos de quienes defendieron a las víctimas de la dictadura.