ADN PARA INMIGRANTES

«El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo», afirmó Berlusconi, al notificar las medidas.

Entre las medidas inmediatas aprobadas figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la «confiscación de los apartamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados», precisó el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los autores de las medidas.

Maroni, exponente de la xenófoba y populista Liga Norte, precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal al nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas.

El gobierno conservador aprobará luego, antes de julio, por vía parlamentaria, una ley que introduce el delito de inmigración ilegal y prevé penas que van de 6 meses a cuatro años de cárcel.

Paralelamente a la reunión ministerial, cientos de personas salieron a manifestar en Nápoles contra la política de Berlusconi, entre ellos numerosos desempleados, ecologistas, militantes antiglobalización y ciudadanos indignados por la crónica mala gestión de los desechos.