Exámenes mentales para ex represores

Por Victor Vaccaro – Chile

Este mediodía el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al magistrado Sergio Muñoz que se apresta a cerrar el sumario por el asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez, que juzgue a Torres Silva no sólo como encubridor, sino además por obstrucción a la Justicia en el mismo caso, cargo que se extendió ahora al coronel judicial del Ejército en actividad Carlos Ibarra y al abogado Víctor Gálvez, quienes desde los tribunales militares habrían entorpecido durante años el esclarecimiento del asesinato por los aparatos represivos del principal opositor sindicalista a la dictadura.

El juez Muñoz dispuso la realización de exámenes mentales a los 18 agentes represivos inculpados, entre ellos a los generales (r) Torres Silva y Hernán Ramírez Hald (en libertad bajo fianza de 6.000 dólares) y recibió hoy de parte del abogado querellante Jorge Mario Saavedra la petición de encargatoria de reo para otros 14 ex agentes y del general y actual jefe de inteligencia del Ejército Roberto Arancibia Clavel (hermano del único reo en Argentina por el atentado al general Carlos Prats) respecto de los cuales existirían antecedentes probatorios de distintos niveles de participación. En relación con los mismos peritajes mentales a que debe someterse Pinochet, ayer fue sorteada la primera Sala de la Corte de Apelaciones para que decida si ellos se realizarán en el Hospital Militar, como pide la defensa, o en la Clínica de la Universidad de Chile, como exigen los abogados acusadores, para garantizarle un ambiente neutral a los profesionales del Instituto Médico Legal. El mismo tribunal tendrá que decidir también el diferendo sobre la presencia o no de peritos adjuntos designados por las partes, únicos aspectos pendientes antes de fijar la nueva fecha para que Pinochet se someta a test psiquiátricos y neurológicos. A la misma hora de la mañana del lunes los cinco integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema escucharán los alegatos de la defensa de Pinochet por ratificar el recurso de amparo que revocó su procesamiento en la matanza de la «caravana de la muerte» y la apelación para anular este fallo que reclaman los siete abogados querellantes, por considerar que el juez Juan Guzmán ha reunido evidencias contundentes que harían innecesaria la declaración indagatoria al acusado, en cuya falta se basó la concesión del amparo al ex dictador.

Respecto del procesamiento de nuevos altos oficiales en distintas causas por violaciones a los derechos humanos, el ministro de Defensa Mario Fernández aseguró que ello no afectará el compromiso de las Fuerzas Armadas ante la Mesa de Diálogo para colaborar con la búsqueda de un millar detenidos desaparecidos y que tampoco afectará el proceso de reconciliación nacional.