Instalan "asamblea legislativa". Anticipo del referéndum revocatorio del 10 de agosto

Santa Cruz: otro paso hacia la secesión

También se propone sustituir la figura de prefecto por la de gobernador. Todo esto constituye un abierto desafío al gobierno legítimo de Evo Morales.

En realidad, pretenden imponer un hecho consumado, antes de los referendos revocatorios (del presidente y vicepresidente, y de todos los prefectos) fijado para el 10 de agosto.

Esta última decisión, adoptada con extrema rapidez y decisión por el presidente, tomó de sorpresa a la oposición. Figuras de ese campo como el dirigente partidario Samuel Doria Medina o el senador Roberto Ruiz piden una revisión o una postergación de estas consultas al pueblo. Se dijo que fueron por lana y salieron trasquilados. Debe recordarse, en efecto, que el presidente Evo Morales planteó este conjunto de referendos revocatorios en plena agudización de la crisis política, para que el pueblo decidiera con su voto. La oposición no aceptó el reto, como lo prueba el hecho de que la iniciativa del gobierno se aprobó en la Cámara de Diputados, donde el MAS y sus aliados tienen mayoría, pero permaneció encajonada por meses en el Senado, donde es mayoría la oposición y está presidido por un legislador de Santa Cruz, precisamente. Cumplido el proceso tramposo del 4 de mayo en ese departamento, la oposición sacó el proyecto de la congeladora del Senado, pretendiendo con ello embretar al presidente. Pero el MAS lo votó, el presidente lo promulgó de inmediato y fijó la fecha próxima para su realización, lamentando que no se hubiera aprobado antes. Ahora la oposición aparece desconcertada y con ganas de rebobinar. Pero no hay tiempo. El proceso está lanzado, y el 10 de agosto en el centro de la escena.

Todos los demás proyectos en curso quedan aparentemente postergados. Así sucede con los referendos autonómicos de Pando y Beni, y luego de Tarija. También con el referéndum nacional sobre la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que después de muchas vueltas y maniobras de la oposición se aprobó en diciembre pasado en Oruro. Las organizaciones indígenas y los movimientos sociales reclaman que se apruebe rápidamente, porque la nueva Carta reconoce sus derechos, y además establece formas flexibles de autonomías departamentales armonizadas con las potestades del gobierno central, preservando como valor fundamental la unidad territorial. Pero la Constitución no permite realizar más de un referéndum nacional por año.

En estas condiciones, la consulta popular del 10 de agosto se transforma en una evaluación y un juicio sobre la labor del gobierno iniciada el 22 de enero 2006. La derecha apostó desde el primer momento al fracaso y al desgaste del indio que se había atrevido a ocupar el sillón presidencial. Pero con el tiempo su gobierno se fue afirmando. La recuperación del control sobre los hidrocarburos, la elección de la Asamblea Constituyente, el referéndum sobre autonomía a nivel nacional (que consagró la unidad territorial del país aunque perdió en los departamentos de la «media luna»), medidas de amplia proyección social como el Bono Dignidad para los ancianos y el Bono Juanito Pinto para los escolares, la defensa de la dignidad y la soberanía nacional en las negociaciones sobre los hidrocarburos y el gas, fueron modelando los perfiles de un gobierno consustanciado con las aspiraciones de las grandes mayorías, antes postergadas. La oposición concentró sus fuegos en la Asamblea Constituyente, logrando paralizar su labor por un dilatado período con la exigencia de los 2/3 de votos para todas sus decisiones. Pero este obstáculo también fue removido por una labor tenaz de los constituyentes del MAS y sus aliados y gracias a una incansable movilización popular. Desde diciembre pasado hay nueva Constitución. Entonces el campo de batalla se trasladó a las autonomías, con Santa Cruz haciendo punta.

El tema adquiere proyección continental. El presidente Rafael Correa ha denunciado las maniobras separatistas de la rica elite de Guayaquil. En Venezuela, el Consejo Legislativo de Zulia (donde el gobernador Rosales encabeza la oposición al gobierno de Chávez) ha colocado el punto de la autonomía en su agenda. El desafío está planteado, a varias puntas, en la geografía americana.

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