Militares acusados de violar los DDHH ascendidos

Por Isidoro Gilbert (Corresponsal en Argentina)

El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, avaló la nómina de siete ascensos de tenientes coroneles y coroneles al grado superior, pese a que en los archivos de la Conadep, un organismo creado en los años de Raúl Alfonsín para investigar el horror del terrorismo de Estado, algunos de ellos figuran como intervinientes en la guerra sucia.

Según el ministro, los datos no son ciertos, porque se trata de informes incompletos u homónimos, pero lo real es que como sucede cada diciembre cuando el Senado nacional debe avalar o no el ascenso de militares superiores, se repite esta historia porque los fantasmas del pasado no se han disipado, o porque la impunidad que resultó de juicios incompletos cuando éstos fueron abiertos en los años 80, dejaron sobrevivientes de los años de plomo que hoy pueden estar arribando a las máximas jerarquías.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, le dijo a LA REPUBLICA que ella viene trabajando con el Ejército desde hace varios meses e insinuó que algunos nombres barajados entonces ahora no figuran en la nómina que presentó el jefe del arma, teniente general Ricardo Brinzoni.

Conti explica que su subsecretaria envió al Senado los testimonios de la Conadep «que muestran que las personas mencionadas (acusadas de violar derechos humanos) podrían ser las que se pretende ascender. Yo no tengo forma de chequearlo porque el Ejército no me dio los legajos. Si hay errores son los costos de la impunidad, si se hubieran profundizado las investigaciones no correríamos riesgos de injusticias».

Los jefes militares sostienen que ya se han hecho las comparaciones de la nómina propuesta con los archivos de la Conadep y con charlas con cada uno de los oficiales en condiciones de ascender. La conclusión es que ellos niegan ser los mencionados en los informes de la Conadep.

El que tiene la última palabra es la Cámara alta, especialmente la poderosa Comisión de Acuerdos, que debe verificar si las denuncias son ciertas o no. El argumento de que los siete propuestos eran jóvenes en esos tiempos de dolor, es poco sustentable: el temible ex capital de corbeta, Alfredo Astiz, solamente tenía 21 años cuando cometió sus crímenes y fechorías, hasta convertirse en símbolo del joven oficial indeseable.

De todos modos Conti sostiene que su obligación legal es plantearle las dudas existentes porque «yo no tengo lista de represores con las cuales confrontar». Son esos «famosos» archivos de la guerra sucia que nadie dice conservar.

Fuentes del Senado dicen que el cuerpo pidió informes al Centro de Estudios Legales y Sociales que preside el periodista Horacio Verbitsky como asesor confiable. En años anteriores, las conclusiones del CELS, fueron determinantes para impedir el ascenso de oficiales que estuvieron enredados en la guerra sucia.

Pero el año pasado fue ascendido a coronel Eduardo Daniel Cardozo, acusado de tres secuestros y beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. Se espera que esta vez la Comisión de Acuerdos sea más rigurosa. Hay un dato real: el gobierno busca no dar un mal paso y por eso recurre a la Conadep y al CELS.

El jefe del Ejército, que ayer encabezó una ceremonia que impulsa a las mujeres en la vida militar, nada dijo sobre el asunto, pese a que sus voceros habían anticipado que hablaría de los ascensos.

Al contrario, recalcó que las FFAA cometieron en el pasado errores que quieren reparar con profundo apego a la Constitución Nacional. Veremos.