Los diputados brasileños piden juicio a Stroessner

Brasilia, AFP

Asimismo, solicitará al presidente Fernando Henrique Cardoso que suspenda su estatuto de asilo político en Brasil, que lo acogió tras el golpe de Estado protagonizado por el ex general Lino Oviedo en 1989 y que puso fin a 35 años de dictadura (1954-1989).

Esta es la segunda vez que la Comisión de Derechos Humanos solicita el juicio de Stroessner al Ministerio Público por genocidio, asesinato, desapariciones y tortura, aunque todavía no se ha definido al respecto.

El fiscal del Estado, Geraldo Brindeiro, señaló recientemente a la AFP que Stroessner «no había cometido crímenes en Brasil», por lo que las autoridades brasileñas, tal y como había solicitado el Parlamento el pasado 13 de junio, no podían juzgarlo.

Ahora, la decisión del juez paraguayo Rubén Darío Frutos, que el pasado sábado decretó la prisión del ex dictador con fines de extradición, así como la de su ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montano, exiliado en Honduras, despierta las esperanzas de los defensores de los derechos humanos.

La suspensión del asilo político permitiría la extradición del ex dictador paraguayo y su juicio, asegura la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

«Brasil juzga al ex dictador por los crímenes contra la humanidad que perpetró o suspende su asilo político, para que otros países lo juzguen», dijo Rolim. «No es coherente con nuestros compromisos internacionales que Brasil sirva de refugio y garantía de impunidad a los violadores de los derechos humanos».

Rolim anunció que también enviará la declaración del I Encuentro Parlamentario de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), celebrado a finales de noviembre en Brasilia, a los presidentes del bloque, que se reúnen el próximo día 15 en la sureña ciudad de Florianópolis en la cumbre que pondrá fin a la presidencia temporal brasileña.

El documento recomienda a las autoridades brasileñas la «retirada del estatuto de asilado político del ex dictador Alfredo Stroessner por existir pruebas y serios indicios de que es responsable de crímenes de lesa humanidad».

A finales de noviembre, la abogada paraguaya Raquel Talavera pidió en la Cámara de Diputados de Brasil la suspensión del asilo político al ex dictador de Paraguay, concedido hace 11 años por el Gobierno brasileño. Talavera, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organismo vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Naciones Unidas, argumentó que el asilo político no se aplica a las personas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.