Primo de presidente colombiano pide asilo tras orden de detención

El también ex presidente del Congreso tomó la sorpresiva decisión de acudir a la embajada en Bogotá del país centroamericano, inmediatamente después de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia halló méritos para pedir su detención preventiva.

La decisión judicial se sustenta en presuntos nexos de Uribe con jefes de grupos paramilitares e irregularidades por la compra de tierras a esas organizaciones.

Mientras el primo del presidente colombiano permanecía en la embajada de Costa Rica esperando una respuesta del gobierno de San José a su solicitud de asilo, se congregó en las afueras una manifestación en reclamo de las víctimas de los paramilitares.

La orden de capturar a Mario Uribe, jefe del movimiento político Colombia Democrática de la coalición oficialista, se produjo tres días después de que la Corte Suprema de Justicia vinculara preliminarmente a la misma investigación a la presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez.

La senadora pertenece al partido Cambio Radical, uno de los principales de la coalición que apoya al presidente Alvaro Uribe.

La decisión del máximo tribunal de Colombia respecto a Gutiérrez se enmarca dentro de una gran investigación que desde diciembre de 2006 adelanta sobre nexos de congresistas con las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).

Esa investigación, en la que también participa la Fiscalía General de la Nación cuando se trata de políticos que no son congresistas o han renunciado al Congreso para evitar a la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a 31 legisladores a la cárcel en forma preventiva.

En total, la causa involucra a más de 60 personas, entre legisladores, funcionarios y políticos.

La vinculación de la presidenta del Congreso al escándalo ‘parapolítica’, coincide con los llamados de algunos sectores de la oposición para que se cierre el Congreso y se convoque a nuevas elecciones legislativas.

El presidente Uribe se reunió el domingo con los miembros de la coalición oficialista, la más afectada por las detenciones.

En ese encuentro se analizaron alternativas que incluyen una reforma política que le haga perder el puesto en el Congreso a los legisladores involucrados en las investigaciones, o la creación de una especie de supertribunal que se encargue de juzgar a magistrados, congresistas y al presidente de la República.