EL AQUELARRE DE LA SIP

Replicando a la andanada de calumnias contra Chávez vertidas por representantes de órganos que habían apoyado el golpe de estado del 11 de abril de 2002, el gobierno bolivariano publicó en los principales diarios un aviso que decía: «Si habrá libertad de expresión en Venezuela que usted está leyendo este periódico».

La naturaleza de esta reunión ­un verdadero aquelarre, o caza de brujas- se devela apenas se analiza en qué manos estaba el pandero. Algo de eso dijimos en nuestra nota del 30 de marzo, «La gran confrontación en A. Latina». Fundada en 1943 en Cuba bajo el régimen de Fulgencio Batista, la SIP apareció con su verdadero rostro en 1950, cuando ya había sido fundada la CIA, en lo que el periodista cubano Ernesto Vera denominó «el golpe CIA-SIP». Sus primeros dirigentes fueron los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, y el representante del Departamento de Estado Tom Wallace. Dijimos además que la sociedad estaba registrada en el estado de Delaware, y también se confirmó que lo estaba en la ciudad de Dover, su capital. En la reunión estuvo dictando cátedra sobre la libertad de prensa el uruguayo Danilo Arbilla, el factotum del semanario Búsqueda que detentó la presidencia de la SIP en 2002. Es el mismo que se desempeñó como director de prensa del hoy encarcelado dictador Juan María Bordaberry, antes y después del golpe de Estado. No sabemos si fue el autor del primer decreto del gobierno dictatorial, pero sí que lo aplicó. El decreto decía: «Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de comentario o información que directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto en el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo». Yo lo conozco bien, porque tuve que notificarme del mismo como redactor responsable de El Popular en la mañana del 27 de junio de 1973, después de soportar una perorata del coronel doctor Néstor J. Bolentini, ministro del Interior de los golpistas. Entré junto con Daniel Rodríguez Larreta, director de El País (y después consejero de Estado de la dictadura), con quien había mantenido una dura confrontación ideológica en los días previos. Un coronel nos leyó la cartilla. La aplicación del decreto se tradujo en muerte y desapariciones de periodistas como Julio Castro, de Marcha, torturas a granel y clausuras al por mayor, agravando el régimen de censura y clausuras impuesto desde la época de Pacheco. Se intervino asimismo la Asociación de la Prensa Uruguaya, muchos de sus dirigentes fueron encarcelados, otros debieron exiliarse. Quiero recordar aquí a Tito Martínez e Ismael Weinberger (hoy fallecidos) editores de la clandestina Carta Popular, ferozmente torturados, como tantos otros.

Veamos el pedigree de los adalides de la «prensa libre» que despotricaron en Caracas contra el gobierno de Chávez. Poco tienen que ver con el periodismo, y mucho con la propiedad de los medios y las ganancias que les producen. La dirección está compuesta por cinco directores de periódicos de EEUU, más un dueño de diarios colombiano, más un funcionario chileno que funge como director pero está a las órdenes del presidente del Comité Ejecutivo.

Existe un presidente honorario vitalicio, Scott C. Schurz, del Herald Times de Bloomington, Indiana. El presidente propiamente dicho es Earl Maucker, del Sun-Sentinel de Fort Lauderdale, Florida. Ya hemos registrado sus ataques a Cuba, Bolivia y Venezuela en una entrevista traducida que transmitió Globovisión el día de la inauguración. El primer vicepresidente es Enrique Santos Calderón de El Tiempo de Bogotá, Colombia. El segundo vicepresidente es William E. Casey, de Down Jones &Co. de Nueva York (se refiere al famoso índice bursátil). La tesorería está en manos de Milton Coleman, de The Washington Post, y la secretaría de Elisabeth Ballantine, de The Durango Herald, de Durango, estado de Colorado. El chileno se llama Julio E. Muñoz.

No da el espacio para detallar las múltiples conexiones a cuya cabeza están los susodichos. Queda para la próxima. Por hoy les adelanto que, más que con la libertad de prensa, tienen que ver con la de empresa. Y más que con la libertad de expresión, con la de presión, como dijera Galeano.