Crisis en Chile por Pinochet

«Es poco probable» que el Consejo sea convocado, advirtió Insulza en rueda de prensa en el palacio presidencial de La Moneda.

Lagos realizó hasta ayer una visita oficial a México, invitado por su par Vicente Fox, a cuya asunción asistió el 1º de diciembre, y retornará al medio día del martes.

Ese día por la tarde recibirá a los comandantes en jefe, porque al gobierno «le corresponde escuchar a quienes tienen problemas», dijo el secretario del Interior, que legalmente queda a cargo del Poder Ejecutivo en ausencia del titular del Estado.

El juez Juan Guzmán, que instruye 187 querellas contra Pinochet por violaciones a los derechos humanos bajo su régimen (1973-1990), declaró reo al ex gobernante el viernes pasado, dispuso la apertura de un juicio formal y ordenó su arresto domiciliario mientras espera interrogarlo.

El magistrado inculpó a Pinochet como «autor intelectual» y «coautor» de los crímenes de la llamada ‘Caravana de la Muerte’, una tropa del Ejército que ejecutó o hizo desaparecer a 75 presos políticos en octubre de 1973, al mes siguiente de su instalación en el poder.

Tras reuniones urgentes con sus similares de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Carabineros el día de la decisión de Guzmán, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, propuso convocar al Consejo de Seguridad para debatir la situación.

«Cualquier institución del Estado que se reuniera a considerar una solución política (sobre el tema) estaría violando la Constitución», (pues) «no corresponde a ningún organismo abocarse a causas judiciales pendientes», manifestó Insulza ayer lunes.

El Consejo, contemplado en la Constitución elaborada durante la dictadura de Pinochet, tiene por misión discutir problemas que puedan afectar la seguridad de la Nación y está integrado por el presidente, representantes de los poderes del Estado y los jefes militares.

El Consejo, sin embargo, sólo emite opiniones y recomendaciones y no dicta normas o medidas.

Una reunión del organismo «es una buena opción» para discutir la situación de Pinochet, dijo el general Izurieta, tras comentar que la decisión del juez Guzmán había quebrado el clima del ya largo diálogo cívico militar para buscar una entendimiento de pacificación y unidad nacional, a casi 30 años del golpe de Pinochet.

Desde México, el presidente Lagos dijo el mismo viernes que el poder judicial actúa con autonomía para aplicar la ley y que sus decisiones deben ser respetadas por todos los chilenos, cualquiera sea el veredicto.

El jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, había advertido que la resolución del magistrado «está tensionando a nuestra sociedad a un punto bastante crítico».

Sin embargo, los jefes de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, y de la Policía de Carabineros, general Manuel Ugarte, dijeron ayer lunes que la aparente crisis debe ser encarada con «prudencia».

Ambos generales se reunieron con sus pares del Ejército y la Armada durante la mañana en el edificio de las Fuerzas Armadas, en el corazón santiaguino, pero ninguna versión oficial fue difundida a la prensa.

El Consejo de Seguridad Nacional puede ser convocado por el Presidente de la República, pero su reglamento también establece que una sesión puede ser citada por pedido escrito de dos de sus miembros.

Sin embargo, un eventual voto de acuerdo sobre el tema que trate en la sesión debe contar con la aprobación de la mayoría de sus ocho integrantes.

La más reciente reunión del Consejo fue citada por el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) en noviembre de 1998, cuando Pinochet fue detenido durante una visita a Londres, reclamado por el juez español Baltasar Garzón, que lleva en Madrid un proceso en su contra por crímenes contra la humanidad.