La abstención opacó el triunfo de Hugo Chávez

Se abstuvieron de votar 77 por ciento de los poco más de nueve millones de habilitados, según el Consejo Nacional Electoral (CE) venezolano.

La reforma plebiscitada, que implica la remoción de los actuales dirigentes sindicales y la conformación de una central única, fue aprobada con 66 por ciento de los votos de acuerdo con una proyección del CNE, a la cual ese organismo atribuyó un margen de error de dos por ciento.

Los actuales dirigentes sindicales anunciaron acciones de «resistencia pacífica» a la reforma y afirmaron que no abandonarán las sedes de sus sindicatos, mientras el gobierno señalaba que comenzó un período «transitorio» de «asambleas y decisiones con la participación de las bases» sindicales.

Según la proyección del CNE, el Movimiento V República (MVR) de Chávez logró más de 60 por ciento de los cargos municipales en juego. El organismo electoral prevé que dispondrá de cifras definitivas este jueves.

«Los resultados, con la alta abstención, no legitiman a nadie», y eso «debería hacer reflexionar a Chávez y el gobierno», ya que indica que «el país no se sintió convocado por el presidente», opinó ayer lunes el analista político Teodoro Petkoff.

Dirigentes del MVR restaron importancia a la abstención con el argumento de que es lógico que voten menos personas en los comicios locales que en las elecciones de carácter nacional.

«Chávez se empeñó en hacer este referendo sindical y es una derrota para él porque no acudió la gente a votar, lo hicieron principalmente los ‘votos duros’ del MVR», aseveró Petkoff.

La propuesta de reforma había sido rechazada en el plano internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), y en Venezuela por diversas organizaciones sindicales y organismos defensores de los derechos humanos. El experto en derecho laboral José Ignacio Arrieta dijo a IPS que el problema de fondo es que se sometió a una consulta nacional un asunto de competencia privada, ya que el destino de los sindicatos sólo debía ser debatido y votado por sus afiliados.

Cinco impugnaciones para evitar la realización del referendo fueron presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Según los críticos, la iniciativa viola disposiciones de los artículos 87 y 98 del convenio de la OIT, los cuales garantizan la libertad e independencia de los sindicatos, así como el artículo 95 de la flamante «Constitución Bolivariana» impulsada por el popio Chávez, el cual establece las mismas garantías.

Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió el 28 de noviembre que el referendo se ajustaba al marco constitucional y a las leyes del país.

El abogado Humberto Villasmil, asesor legal de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), confirmó a IPS que quienes presentaron las impugnaciones rechazadas acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Villasmil señaló que no se espera una decisión rápida de ese organismo, pero que su fallo «será importante como precedente». También anunció que la OIT emitirá pronto un pronunciamiento sobre el referendo que implicará «una sanción de carácter moral» el gobierno. El secretario general de la Ciosl, Bill Jordan, confirmó el viernes en Caracas que esa organización ini ciará una campaña internacional contra la reforma aprobada.

Jordan indicó que es posible que esa campaña llegue a incluir un boicot del comercio con Venezuela por parte de trabajadores de puertos y aeropuertos de los países en los cuales hay afiliados a la Ciosl.

Chávez replicó que se pregunta por qué la Ciosl y la OIT «no vinieron antes, a defender a los trabajadores venezolanos de un sindicalismo corrupto».

Jordan y el presidente de la CTV, Federico Ramírez León, rechazaron a su vez esas declaraciones del presidente. «Si hay dirigentes sindicales corruptos, ¿por qué no están en la cárcel?», preguntaron.

Ambos opinaron que las acusaciones de corrupción sindical son «una cortina de humo», y que lo que «está detrás es la intención de Chávez de concentrar más poder».

A juicio de algunos analistas, una de las razones que puede haber llevado al presidente a impulsar la reforma es el peso de los sindicatos en la administración pública. Sólo 12,6 por ciento de los 9,9 millones de personas que forman la población económicamente activa están afiliadas a sindicato, pero la sindicalización es 58 por ciento en el sector público, según cifras del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores.