Juicio póstumo en París a la dictadura

Todos están acusados de haber participado, con distintos grados de responsabilidad, en crímenes de «detención y secuestro agravados, acompañados de tortura y actos de barbarie» contra cuatro ciudadanos franceses o franco-chilenos de 1971 a 1973.

Entre los incriminados destacan el general Manuel Contreras, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), policía secreta del régimen militar chileno, y Paul Schaeffer, quien encabezó el centro de tortura clandestina de la «colonia Dignidad».

Las cuatro víctimas son Georges Klein ­psiquiatra y asesor del entonces presidente Salvador Allende­, detenido el 11 de setiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda y luego «desaparecido»; Etienne Pesle, sacerdote «desaparecido» el 19 de setiembre de 1973; Alphonse Chanfreau, figura reconocida del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue «desaparecido» tras su captura en la «colonia Dignidad», y Jean-Yves Claudet Fernández, militante del MIR secuestrado en noviembre de 1975 y «desaparecido» en Argentina, en el marco del Plan Cóndor pactado entre las dictaduras militares del Cono Sur.

Ese juicio será el epílogo de una hazaña judicial de 10 años.

«Fue la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, la que llevó a los familiares de las cuatro víctimas a demandar en Francia al dictador chileno y sus allegados», recuerda la periodista Karine Bonneau, responsable del departamento de Justicia de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), una de las más importantes ONG francesas que, junto con los abogados Sophie Thonon, William Bourdon, Claude Katz y Benjamín Sarfati, jugó un papel capital en ese largo proceso.

«En 1998 contamos con el apoyo de Roger Le Loire, un juez excepcional que dio un fuerte impulso a la instrucción», cuenta Bonneau. «Pero ­explica­ no fue fácil. Tanto en Francia como en Chile hubo muchos obstáculos políticos, los cuales jamás se manifestaron en forma abierta, por supuesto. Pero, el juez Le Loire y sus sucesores, nos confiaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, encargado de enlazarlos con distintas autoridades chilenas, frenó sistemáticamente los trámites».

A pesar de todo, en febrero del año pasado, Sophie Clément, última juez en hacerse cargo del caso y firmemente decidida a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, logró cerrar la instrucción y ordenar la comparecencia de 18 altos responsables chilenos ante el Tribunal Especial de lo Criminal de París.

«La juez Clément tenía una lista de 19 acusados, pero Augusto Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006. La lista se redujo a 18. Otros tres incriminados murieron también en los últimos meses, por lo tanto, serán 15 los enjuiciados», enfatiza Bonneau, e insiste sobre la importancia de ese juicio.

«La orden de enjuiciar a los incriminados que emitió Sophie Clément ­precisa­ es en realidad un documento de casi 200 páginas en el que la jueza instructora reconstruyó, en forma sumamente minuciosa, toda la estructura del régimen dictatorial chileno y demostró que Augusto Pinochet era el gran organizador de ese sistema. Más allá de las responsabilidades específicas de cada uno de los acusados, lo que se va a enjuiciar en París será a la Junta Militar Chilena y todo su aparato de represión».

Para las familias de las víctimas y sus abogados, el juicio que se celebrará en mayo será también el «juicio póstumo de Augusto Pinochet».