Santo Domingo, capital de la paz

La posición latinoamericana prevaleció contra la doctrina «antiterrorista» e injerencista de Bush, aplicada por Uribe. Ahora vuelve a primer plano el intercambio humanitario.

Fue una reunión en que no participó Estados Unidos. Los países latinoamericanos dieron un gran paso para solucionar problemas mutuos, entre otras cosas restableciendo las relaciones que Ecuador y Nicaragua habían roto con Colombia. Mientras se desarrollaba la reunión en la capital dominicana, el ministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín informaba que había recibido de parte de las FARC las pruebas de supervivencia de otros diez retenidos por la guerrilla, entre ellos Pablo Emilio Moncayo, hijo del caminante por la paz profesor Gustavo Moncayo.

Esto se trasladaba a la Cumbre dominicana, donde el presidente Chávez abogó por soluciones de paz. En opinión del representante uruguayo a la reunión, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, esta intervención fue decisiva para arribar a una salida satisfactoria. Chávez le solicitó a Uribe que lo autorizara a participar en la liberación de Ingrid Betancourt y otros retenidos por la guerrilla, lo que podría impulsar el ulterior intercambio humanitario. En la reunión estaba presente la senadora colombiana Piedad Córdoba (que desempeñó junto con Chávez un papel decisivo en las dos tandas de liberaciones), así como Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt. Y estaba latente también el espíritu de las grandes manifestaciones que se efectuaron en Colombia, en Venezuela y en decenas de países el jueves 6, organizadas por un abanico amplísimo de entidades muy diversas que reivindicaban en común el intercambio humanitario y una solución de paz en Colombia.

A esta conclusión se arribó luego de una sucesión de ríspidos debates, de una intensidad rara vez vista en eventos semejantes (esto también está cambiando), protagonizados la mañana del sábado por los presidentes de Ecuador y Colombia. Correa trató a Uribe de «mentiroso», «insolente», «portavoz de expresiones infames», «promotor de calumnias y falacias» y de seguir las directivas de EEUU. Uribe aludió en su réplica a «ese infantilismo latinoamericano de la guerra fría; cada vez que hay un problema lo imputan a Estados Unidos» y al «cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo». En el debate quedó en claro que el asesinado Raúl Reyes estaba empeñado en una gestión de intercambio de prisioneros con conocimiento del gobierno colombiano, que Sarkozy tiene tres enviados especiales en Colombia desde octubre de 2007, que estaban en negociaciones con Raúl Reyes para liberar a Ingrid, que el día fatídico estaban cerca del lugar de los hechos y fueron advertidos por el comisionado de la paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, instándolos a que se retiraran.

Ninguno de los delegados presentes apoyó las posiciones de Uribe. Aquí no había representante de EEUU, como el único que lo respaldó en la reunión del Consejo de la OEA en Washington. Uribe llegó a afirmar que el principio de seguridad de los pueblos debía equipararse con el de la intangibilidad de la soberanía, y recibió una andanada de críticas. Cristina Fernández de Kirchner estuvo muy firme al rechazar las soluciones «manu militari» y defender la legalidad internacional a toda costa y en todas las circunstancias. Entonces el presidente colombiano debió batirse en retirada. Reconoció que había violado la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, pidió excusas, prometió no repetir acciones de este tipo. Fue a darle la mano, uno por uno, a Correa, a Chávez y a Ortega. Con este último asumió compromisos de no utilizar la fuerza en el conflicto limítrofe. Pero aún le quedó resuello para rechazar la propuesta formulada por Nicaragua y otros países de conformar un grupo de naciones amigas para coadyuvar en la búsqueda de una solución de paz en Colombia.

La declaración de 11 puntos votada por consenso al término de la jornada refleja inequívocamente los resultados del debate. Es aún más contundente que la emanada de la reunión de la OEA. El punto 2 dice sin vueltas: «Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador» y reafirma los principios de la Carta de la OEA que fundamentan esta decisión.