Paniagua se fortalece

Por Isidoro gilbert

El ex almirante Emilio Eduardo Massera fue enviado ayer nuevamente a una prisión militar, luego que un par de reporteros descubriera que violaba su arresto domiciliario mientras espera el final de un proceso por el robo sistemático de niños en cautiverio, donde está encartado junto a Jorge Videla y una decena más de ex altos jerarcas de las FFAA de los años de plomo.

Ayer la Justicia revocó el arresto domiciliario concedido al ex y luego de declarar ante el juez Claudio Bonadío, quedó detenido en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional, en Campo de Mayo.

La medida adoptada por la jueza federal María Servini de Cubría fue notificada al abogado defensor de Massera, Miguel Arce Aggeo, quien decidió apelar la resolución porque fue dictada sin permitirle al detenido explicar por qué fue visto fuera de la casa donde cumplía el arresto, dijo. En rigor todo comenzó cuando la agrupación Hijos (hijos de desaparecidos) denunció el miércoles que el ex almirante no cumplía con el arresto domiciliario por su responsabilidad en la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. «Sale todos los días, recibe visitas de militares y realiza caminatas todas las mañanas durante casi una hora. No hay un solo policía en la puerta de su casa», aseguraron sus integrantes.

Dos periodistas del semanario local «XIII», confirmaron con fotos y textos como vieron al ex represor pasearse sin custodia por los alrededores de la quinta de su propiedad, un complejo de lujo.

Massera fue condenado en 1985 a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero sólo pasó cinco años tras las rejas, ya que en 1990 se benefició con el indulto del presidente Carlos Menem. En 1989, el desaparecido diario «Sur» lo ubicó en la Capital Federal cuando debía estar en su prisión en la cárcel de Magdalena, pero después se supo que esa no era la única ocasión.

El 24 de noviembre de 1998 volvió a ser detenido. Servini de Cubría lo encarceló por la sustracción del bebé que la desaparecida Cecilia Viñas dio a luz en un centro ilegal de detención. Pero tras haber estado internado diez días en el Hospital Naval a raíz de una «disritmia», obtuvo el arresto domiciliario por superar los 70 años que estipula la ley. La jueza le permitió regresar a su departamento de la avenida del Libertador, pero no lo autorizó a trasladarse a la quinta de Pacheco que había preparado su familia.

Privilegios

El ex jefe de la Armada y mandamás durante la última dictadura tuvo paciencia y preparó un ardid: volvió a pedir permiso para mudarse. En mayo de 1999, el juez Adolfo Bagnasco –que lo procesó por el robo sistemático de bebés– lo autorizó a cambiar de aires porque, según se dijo, Massera «puso en venta su departamento» en el barrio de Palermo.

El ex almirante no tuvo en Pacheco la bienvenida que esperaba. Un grupo de Madres de Plaza de Mayo lo recibió con un escrache en las puertas de la quinta. Massera tuvo que escuchar los insultos de su líder, Hebe de Bonafini y otras 20 madres de desaparecidos, además de un grupo de vecinos que se juntó para gritarle «asesino» y protestar por su «jaula de oro».

Una semana más tarde, y después de pasar un día internado en el Hospital Militar por un problema cardíaco, Massera volvió a Palermo. Su abogado, Miguel Arce Aggeo, se olvidó de la venta del departamento y planteó a la Justicia que Massera «teme por su seguridad».

En octubre último, el ex almirante regresó en silencio a su quinta de Pacheco y disfrutó de sus paseos, hasta que fue descubierto por un grupo de hijos de desaparecidos y dos periodistas.

Pese a la resolución judicial, Massera goza de privilegios que no son otorgados a otros presos. Es el caso del dirigente de un movimiento de jubilados, Raúl Castels, que está procesado por incitar a gente pobre a asaltar supermercados para comer. El juzgamiento de Castels se inició a principio de semana con la presencia de importantes dirigentes sindicales.

Lima, DPA

Por 58 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones, el Congreso aprobó, en sesión que se extendió hasta ayer, una propuesta de las legisladoras Carmen Lozada y Patricia Donayre que le permite al mandatario seguir en la presidencia del foro.

Se acogió así entonces la interpretación de constitucionalistas que consideraban que Paniagua no puede dejar de ser presidente del Congreso, porque es en tal condición que ocupa la jefatura del Estado.

Otro sector defendía que Paniagua deje de ser congresista, para mantener la independencia de los poderes y por el hecho práctico de que no puede separarse ni un momento del cargo pues no hay quien lo reemplace. En otras circunstancias, defendían los partidarios de la posición derrotada, el nuevo presidente del Congreso asumiría la primera magistratura en caso de, por ejemplo, viaje al exterior o enfermedad.

La presidencia del Congreso para Paniagua será sin embargo meramente nominal y el ejercicio real del cargo estará en manos del primer vicepresidente.

De esta forma, el Congreso halló rápidamente solución para el empantamiento en que había caído desde que Paniagua pasó al Ejecutivo por la destitución del presidente Alberto Fujimori y las renuncias de los vicepresidentes Francisco Tudela y Ricardo Márquez.

Ahora, el Congreso debe elegir en no más de cuatro días primer, segundo y tercer vicepresidente, pues las fujimoristas Luz Salgado, Marianela Monsalve y María Jesús Espinoza, respectivamente, renunciaron ayer a esos cargos al reconocer que no representaban la nueva correlación de fuerzas.

Durante la sesión, la ultraderechista Martha Chávez propuso que el gobierno de Paniagua termine tres días después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al nuevo presidente, lo que ocurrirá a mediados de abril o, en caso de que haya segunda vuelta, a inicios de junio, pero retrocedió ante la enérgica reacción contraria del pleno. Así, el gobierno interino se extenderá hasta el 28 de julio, como estaba previsto.

Cobarde

En tanto, el destituido presidente peruano, Alberto Fujimori, es calificado de cobarde, temeroso y traidor por la mitad de la población, entre otros adjetivos recogidos por una encuesta privada conocida ayer.

Para el 41,5 por ciento de los peruanos, Fujimori es un cobarde y temeroso, después de renunciar a la presidencia desde el Japón para evitar las investigaciones por corrupción que se lanzaron en el Perú hace varias semanas.

La renuncia de Fujimori es un reconocimiento de que es corrupto, afirmó el 75 por ciento, mientras que el 18 por ciento se niega a pensar que está reconociendo su presunta culpa.

Asimismo, el 80 por ciento de encuestados asegura que el ex mandatario de padres japoneses sí robó durante sus más de 10 años de gobierno. Un 10 por ciento lo calificó de traidor y desleal, mientras que un 4,6 por ciento lo consideró como un delincuente, a raíz de las pesquisas de presunto enriquecimiento ilícito junto a su ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos.