Morales no atenderá demandas regionales

Contreras, citado por el matutino La Razón, anunció: «Nosotros no vamos a responder a ninguna de las demandas, porque creemos que muchas de ellas son ilegales, anticonstitucionales».

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, que concentran el 75% del PIB boliviano, fijaron ayer miércoles como fecha límite para que Morales atienda sus demandas.

Las prefectos y líderes civiles exigen revisar el proceso de aprobación de la Constitución, dejar sin efecto un recorte de fondos públicos de 157 millones de dólares, y ratifican su intención de formar gobiernos autónomos que el oficialismo considera secesionistas.

Asimismo, apoyan al centenario pedido de Chuquisaca (Sucre) por recuperar la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en perjuicio de La Paz, el bastión electoral más fuerte del gobierno izquierdista.

Las anunciadas protestas de las seis regiones, como huelgas regionales, estaban ayer pendientes de aprobación, pues los opositores evalúan su pertinencia ante las lluvias e inundaciones que dejaron en Bolivia 52 muertos y unas 57.000 familias damnificadas.

 

Pugna política

El vicepresidente Alvaro García Linera calificó el ultimátum como «una frivolidad» en momentos en que más de medio país está afectado por desastres naturales.

El ultimátum abre la posibilidad de que los líderes civiles convoquen a medidas de presión para defender sus demandas, lo que reactivaría un escenario de violencia social. «Esperaremos una respuesta oficial del gobierno para convocar a otra reunión del Conalde para tomar decisiones», afirmó a una radio local el prefecto de la gasífera Tarija, Mario Cossío, cauteloso por un eventual atrincheramiento de las posiciones entre oficialistas y opositores. Cossío señaló que las medidas no serían inmediatas porque los prefectos están convencidos de que tienen que atender con prioridad a los damnificados por las inundaciones que azotan a casi todas las regiones del país, pero con particular incidencia en los departamentos opositores.

A su juicio, no se puede hablar de una tregua en el diálogo con el gobierno, que se inició el 7 de enero, y que no ha producido resultados positivos por las posiciones hasta ahora irreconciliables, porque «las treguas se pactan cuando se está en guerra», agregó.

«Lo que esperamos es que el gobierno responda de manera oficial a la carta para que fije su posición en torno al diálogo», matizó al referirse a las declaraciones del portavoz presidencial Alex Contreras, que aseguró que el gobierno no atenderá las demandas regionales pese al ultimátum.

No obstante, advirtió que los temas planteados no pueden quedar «pendientes indefinidamente», porque se trata de planteamientos fundamentales para la vida política de Bolivia.

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, que concentran el 75% del PIB boliviano, exigen revisar el proceso de aprobación de la nueva Carta Magna, dejar sin efecto un recorte de fondos públicos que bordea los 157 millones de dólares, y ratifican su intención de formar gobiernos autónomos que el oficialismo considera secesionistas.