Restablecen la pena de muerte en Guatemala

El restablecimiento de la pena de muerte decidida el martes por el Congreso de Guatemala fue rechazada ayer por organizaciones humanitarias, pero aplaudida por otros sectores que la consideran un elemento disuasivo para la delincuencia.

«La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia», señala un comunicado de la organización Amnistía Internacional (AI).

El boletín de prensa, que le atribuye declaraciones a Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala en AI agrega: «Hace precisamente dos meses, Guatemala votó en las Naciones Unidas a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. El presidente Alvaro Colom debe respetar ahora este compromiso».

El martes el Congreso de Guatemala aprobó, con el respaldo de 131 de 134 diputados presentes en la sesión, una ley donde restablece el recurso de gracia, el cual estaba suspendido desde el año 2000 y provocó un vacío legal que impedía la aplicación de la pena de muerte, vigente en este país.

«Guatemala debe dar la espalda a esta arcaica práctica y unirse a la abrumadora mayoría de países que ya lo han hecho», subraya el comunicado, en el que también instan al mandatario guatemalteco a buscar soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta al país.

En el mismo sentido se pronunció la humanitaria Fundación Myrna Mack que aboga por la abolición de la pena capital, aunque, según la analista de dicha organización Carmen Aída Ibarra, son respetuosos de la normativa vigente en Guatemala.

«Nosotros abogamos por la abolición de la pena capital», reiteró la activista humanitaria al tiempo de reconocer: «la sociedad quiere soluciones drásticas como la pena de muerte, los linchamientos o las ejecuciones extrajudiciales».

Por su parte, para la diputada Roxana Baldetti, del derechista Partido Patriota (PP), la pena como herramienta constitucional hay que «usarla para paliar el clima de inseguridad que tiene al país de rodillas, por lo que hay que aplicarla con todo su rigor».

En tanto, el presidente del influyente Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Zúñiga, supone que la aplicación de la medida no será un disuasivo, pero aprueba que la misma se aplique.

«Aquí es algo muy simple, la ley hay que aplicarla. Si existe pena de muerte hay que cumplirla», afirmó a la AFP el dirigente del sector privado guatemalteco.