La Corte Suprema dirá quién es el presidente

Washington, AFP

La Corte Suprema, que se apresta a emitir un veredicto histórico en la batalla por la Casa Blanca, ocupa desde su creación hace dos siglos un lugar preponderante en la vida política de Estados Unidos.

Junto al poder ejecutivo (la presidencia) y legislativo (el Congreso), constituye el tercer pilar del Estado federal y es considerada por la ciudadanía como la encarnación viviente de la Constitución.

La Corte fue creada el 2 de febrero de 1790 y está integrada por nueve jueces vitalicios, nombrados por el presidente de la Nación y confirmados por el Senado.

Cumple tres funciones principales: resolver discrepancias entre los diferentes Estados de la Unión; garantizar una interpretación y aplicación uniforme del derecho federal; y, la más importante de ellas, velar por el respeto de la Constitución federal.

Se sitúa en la cúspide del poder judicial y ostenta una independencia total, garantizada por la Constitución, que le confiere un poder sin equivalente entre los tribunales constitucionales de otros países democráticos.

«Ningún otro pueblo constituyó jamás un poder judicial más inmenso», apuntaba ya en 1835 el sociólogo liberal francés Alexis de Tocqueville.

En el siglo XIX, las intervenciones de la Corte generaron polémicas apasionadas. Entre 1890 y 1937, se la acusaba de fomentar un «gobierno de los magistrados».

Tuvo grandes enfrentamientos con el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, elegido en 1932, por poner trabas a su programa de intervención estatal en la economía (New Deal) para tratar de sacar al país de la Gran Depresión.

La Corte estaba formada en ese momento por magistrados sumamente conservadores, tras doce años de presidentes republicanos, pero Roosevelt, reelecto triunfalmente en 1936, logró al final doblegarla mediante la amenaza de una reforma que hubiese ampliado el número de jueces de nueve a quince.

De 1953 a 1969, bajo la presidencia del jurista Earl Warren, la Corte destacó en cambio por la aprobación de una legislación de protección de las libertades cívicas y de los derechos de la minoría negra, de integración escolar en los Estados del sur y de prohibición de la plegaria en las escuelas. Sus adversarios la acusaron entonces de «militantismo judicial».

El mismo impulso llevó en los años 70 a decretar la suspensión de la pena de muerte (1970), por considerársela demasiado discriminatoria, y a la legalización del aborto (1973).