Seis regiones dieron un ultimátum a Evo Morales

El vocero de gobierno, Alex Contreras, afirmó ayer: «Ellos (los prefectos) están rompiendo el diálogo», al comentar el ultimátum planteado el jueves por las autoridades regionales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba y líderes civiles de Chuquisaca.

Los representantes de los seis departamentos, reunidos en la ciudad de Sucre (sureste), urgieron al gobierno de Morales a responder a sus demandas «hasta el miércoles 13 en curso, en cuyo defecto, nos veremos en la necesidad de tomar las medidas que el caso aconseje».

La advertencia ­que amenaza con desatar nuevas manifestaciones callejeras­ surgió pocas horas antes de que una mesa técnica de trabajo entre el gobierno y las prefecturas se reanude, lo que puso en duda su realización.

Las conversaciones entre el gobierno y las nueve regiones ­seis de ellas opositoras­ fueron instaladas hace un mes para discutir las controversias sobre la nueva Constitución de naturaleza indígena y estatista, los estatutos autonómicos que pretenden las regiones otorgarse a sí mismas y una ley que reduce presupuestos de las prefecturas.

Las seis regiones piden revisar el proceso de aprobación de la Carta Magna, dejar sin efecto un recorte de fondos públicos que bordea los 157 millones de dólares, y ratificaron su intención de formar gobiernos autónomos que el oficialismo considera secesionistas.

A esas demandas, las seis regiones introdujeron el jueves un apoyo al centenario pedido de Chuquisaca (Sucre) por recuperar la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en perjuicio de La Paz que ostenta la condición de sede de gobierno desde hace un siglo, cuando ganó una guerra civil.

Pidieron entonces al gobierno ­que se opone totalmente­ convocar a un referendo nacional para definir si Sucre o La Paz, el bastión político del presidente indígena, se queda con los dos poderes, además del judicial.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, calificó el ultimátum opositor como un «retroceso» a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para superar las diferencias en un acuerdo nacional que evite situaciones de descontento y protestas sociales.

El portavoz del gobierno, Contreras, afirmó que la posición de los prefectos opositores «refleja una actitud beligerante, racista (…) ellos quieren llevar a medidas de presión».