Escrito por: Madrid | AFP

El presidente del gobierno al clausurar una conferencia de dos días en la que se aprobó el programa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aseguró: “Hemos aprobado un programa fuerte para una España fuerte, un programa innovador, solidario y para la mayoría de los españoles”.
El programa socialista, cuyas grandes líneas ya habían sido avanzadas a mediados de enero, se concentra alrededor de tres ejes: “bienestar social y empleo”, “innovación y desarrollo sostenible” y “libertad, convivencia y derechos ciudadanos”.
Rodríguez Zapatero confirmó varias de las promesas anunciadas en las últimas semanas.
Así, el líder socialista prometió elevar el salario mínimo de 600 euros a 800 antes del 2012 y las pensiones mínimas a 700 euros en vez de los 497 actuales para las personas solas (850 euros para las parejas jubiladas por 650 en estos momentos).
El mandatario socialista también prometió duplicar el número de plazas disponibles en guarderías en los próximos cuatro años.
“Mi primer objetivo es conciliar la vida profesional y la vida familiar de las mujeres”, declaró Rodríguez Zapatero en una sala atiborrada de militantes y presidida por el lema socialista para estas elecciones: “Motivos para creer”.
Rodríguez Zapatero también anunció un pequeño regalo fiscal a todos los españoles si resulta reelegido: la devolución a 13 millones de contribuyentes, activos o jubilados, de 400 euros en junio del 2008 con el fin de “estimular la economía” en un momento en que las previsiones de crecimiento del país hablan de una desaceleración.
Rodríguez Zapatero también dijo estar estudiando una ley para luchar contra todas las discriminaciones, sobre todo las que afectan a los inmigrantes.
Sobre el espinoso tema del aborto, los socialistas se comprometen prudentemente a realizar una reflexión sobre la ley actual, tras la polémica creada por el caso de las clínicas privadas que practicaban abortos en estado avanzado del embarazo.
Cualquier modificación de la ley tendrá que basarse en un “amplio consenso” y deberá asegurar una mejor protección jurídica a las mujeres que quieran practicar la interrupción del embarazo.
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