Apelación de Osvaldo Bayer por los presos de La Tablada

Por Isidoro Gilbert

«Les hago humildemente este pedidoÓ, dice Bayer en un artículo publicado por Página/12 que eleva la calidad moral del periodista. El mantiene, por caso con Sábato, una dura polémica que lleva decenios, pero no ha dudado en recabar su ayuda por un fin que estima superior a cualquier agravio o actitud personal.

Bayer no deja pasar día sin entrevistar a funcionarios, diputados, personalidades, buscando salvar las vidas de los ayunantes, aunque la suya, por la grave enfermedad que padece, requiera de prolongados descansos.

Los abogados de los presos habían presentado al tribunal de Casación que abriera el curso de la segunda instancia, tal cual lo demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno debe cumplir, según el texto constitucional que tiene incorporadas las disposiciones del Tratado de San José de Costa Rica.

El tribunal dictaminó que la Ley de Defensa de la Democracia que bloquea esa petición, era anterior al reclamo de la CIDH y no hizo lugar al pedido. Ahora los abogados de los presos pedirán a la Suprema Corte de Justicia que diga la última palabra. Pero como el tiempo apremia, ahora quienes creen que debe cumplirse con la demanda de la CIDH, se dirigen el presidente de la Nación que tiene la facultad de conmutar penas o indultar. La situación es a todas luces, muy grave. Ahora la presa Isabel Fernández, suspendió el domingo la huelga de hambre que cumplía junto con otros doce detenidos internados en los hospitales Fernández y Santojanni. La decisión la tomaron los otros detenidos (incluido su marido, Gustavo Messutti), quienes continuarán con la medida, por el alto riesgo que presentaba la salud de Fernández y frente al hecho de que la ayunante es madre de una niña de dos años, informó el vocero de los presos, Adrián Witemberg.

Buscando atajos

Antes de recurrir a la Cámara de Casación Penal que rechazó que los presos pudieran ejercer una segunda instancia judicial en sus causas, hubo peticiones al Parlamento que no trató los proyectos de ley que podían habilitar esa instancia, luego de varias sesiones que se suspendieron o no llegaron a concretarse. Incluso de la Rúa remitió un proyecto de ley habilitando con acotaciones la segunda instancia pero ni siquiera ha sido tratado en la comisión correspondiente de la cámara baja. En una declaración, los presos indicaron que «en este contexto, la única alternativa que resta es que el presidente asuma su responsabilidad con apego a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y, tal como reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, repare las arbitrariedades jurídicas y de derechos humanos a que fuimos sometidos».

Agregaron que tomaron la decisión de que Isabel Fernández suspendiera la medida ya que su marido, Gustavo Messutti, también cumple la huelga de hambre, y que al peligrar la vida de ambos se intenta evitar la posibilidad de que su hija Candela, de dos años, quede huérfana.

«Abortadas las vías legislativa y judicial, el resto de nosotros continuamos la huelga de hambre hasta tanto el Presidente imponga justicia», finaliza el comunicado.

En enero de 1989, un grupo de guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) copó el Regimiento de La Tablada y mantuvo ocupada la guarnición durante 36 horas. Apenas ocho meses después, el tribunal federal, actuando como única instancia y en aplicación de la ley de defensa de la democracia, impuso severas penas.

Sin embargo, en la reforma de 1994 se incorporó en la Constitución nacional el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé el derecho de los imputados a apelar una condena.

Sobre esa base, los condenados lograron que la CIDH dictase una «recomendación», en la que se aconsejó al Estado nacional que les respetara a los presos el derecho de apelar. El tiempo apremia.