Escrito por: Bogotá | AFP

“Es conveniente aprovechar la crisis general que atraviesa el gobierno y el cansancio reflejado en algunas unidades militares para comenzar a preparar las condiciones con miras a una ofensiva general”, señaló alias ‘Tirofijo’ en su tradicional mensaje de fin de año a los combatientes.
El jefe rebelde, de unos 77 años y que fundó las FARC en 1964, añadió que sus cuadros “están obligados” a desarrollar “acciones armadas en carreteras, veredas, selva, centros urbanos, caseríos y cuarteles, sin dar tregua al enemigo, tal como éste lo hace” contra la organización.
Marulanda sostuvo que se propone “desenmascarar la patraña” del presidente Alvaro Uribe de que su gobierno ha “dado de baja a 8.000 guerrilleros”, y dijo que el mandatario quiere “ocultar el fracaso del Plan Patriota”, financiado por Estados Unidos y presentado como la mayor ofensiva contra las FARC en cuatro décadas.
“La escuela de cinco años enfrentando ese plan ha sido suficiente para que los mandos y guerrilleros hubieran aprendido del enemigo cómo y de qué manera actúa en los desplazamientos y operativos”, precisó el texto, publicado por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), cercana al grupo.
El Plan Patriota, en el que intervienen unos 17.000 militares (el mismo número de efectivos que se reconoce a las FARC) se concentra contra la retaguardia histórica del grupo en el sur del país y es el puntal de la estrategia de mano dura de Uribe contra la insurgencia.
El mensaje de Marulanda, fechado el 24 de diciembre no alude a la operación organizada por Chávez para recibir en Colombia a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, su hijo Emmanuel -nacido en cautiverio hace tres años- y a la ex congresista Consuelo González.
Las FARC anunciaron el lunes la suspensión indefinida de esa entrega argumentando hostigamientos militares en la zona del sur donde una comitiva internacional encabezada por el ex presidente argentino Néstor Kirchner recibiría a los cautivos. Chávez dio crédito a esa versión.
Pero Uribe negó el alegato de la guerrilla y planteó la hipótesis de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) incumplieron porque no tienen a Emmanuel, quien estaría desde 2005 en un “hogar sustituto” del Estado.
Pruebas de ADN fueron practicadas al menor y a la madre y un hermano de Rojas, a fin de establecer si se trata de Emmanuel, fruto de una relación consentida de la fórmula presidencial de la franco-colombiana Ingrid Betancourt con un guerrillero raso.
Rojas y Betancourt fueron retenidas el 23 de febrero de 2002 cuando hacían campaña cerca de un enclave rebelde, y forman parte de un grupo de más de 40 rehenes que las FARC plantean canjear por 500 de sus prisioneros.
El gobierno colombiano se ha dicho dispuesto a negociar el canje, pero rechaza la exigencia rebelde de desmilitarizar temporalmente dos municipios del suroeste para dialogar.
“Si Uribe hubiera despejado Florida y Pradera, el problema se hubiera resuelto años atrás y con esto nada había perdido y todos habríamos ganado”, advirtió Marulanda en su mensaje de fin de año.
La guerrilla de las FARC amenazó con matar a un hombre si no le devolvía a un niño que le dio en custodia y que se sospecha es Emmanuel, el hijo de la rehén Clara Rojas nacido en cautiverio, según un testimonio del individuo a la Fiscalía colombiana revelado por la prensa.
José Gómez, vinculado el miércoles a un programa de protección de testigos, declaró que hace un mes las FARC le dieron plazo hasta el 30 de diciembre para entregarles al menor -de tres años y medio-, so pena de asesinarlo a él y a su familia, señaló ayer jueves el diario El Tiempo.
Gómez y sus parientes fueron trasladados el miércoles a Bogotá desde el departamento de Guaviare (sureste) en un avión de la Policía, tras lo cual el hombre rindió testimonio, agregó el reporte.
En la declaración, Gómez aseguró que recibió al niño en 2005 de manos de guerrilleros que llegaron hasta la localidad de El Retorno (Guaviare) -donde vivía- y le dijeron que “debía responder por él y que si no lo hacía tendría problemas”.
Añadió que el menor sufrió complicaciones de salud que obligaron a internarlo en un hospital de San José del Guaviare -capital departamental- y que allí lo tomó en custodia el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF, estatal), creyendo “que se trataba de un caso de maltrato infantil”.
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