La compleja encrucijada boliviana

Ese mismo día la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, hacía entrega al presidente Evo Morales en La Paz del texto de la nueva Constitución aprobada en Oruro el 24 y 25 de noviembre, la que es rechazada por los prefectos de la «media luna», colocados en actitud de enfrentamiento abierto al poder central.

Los presidentes sudamericanos reunidos en Montevideo en la XXXIV Cumbre del Mercosur declararon su firme sostén al régimen institucional boliviano y rechazaron «todo intento y acciones violentas que busquen vulnerar la estabilidad del gobierno y de los órganos elegidos por el pueblo de Bolivia».

Esto es compartido por la opinión pública latinoamericana y por los sectores democráticos de Bolivia. Por ejemplo, el diario independiente La Razón escribe que «las autoridades de cuatro regiones han presentado sus estatutos autonómicos en contra de lo que dispone la Constitución Política del Estado todavía vigente», expresa su aspiración de «que impere la ley para evitar lo que parece un camino hacia la fragmentación» y concluye: «Bolivia, como una realidad integrada, debe prevalecer por encima de esos estatutos». Los mismos están en contradicción, además, con lo que votó el pueblo boliviano en un referendo nacional sobre el tema, en que rechazó por mayoría la separación de las regiones, aunque esa opción resultó mayoritaria en los cuatro departamentos señalados.

Las propuestas de estatuto autonómico de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija coinciden en otorgar a los prefectos (gobernadores) el control de la política de tierras y del régimen tributario. Nada menos. Los dos temas han estado en la base de sus choques con el gobierno central. Los cuatro pretenden erigirse en la máxima autoridad regional para la distribución de las tierras. En el caso de Santa Cruz se establece taxativamente que la distribución de tierras fiscales es competencia del gobierno departamental. Sobre la política fiscal, los cuatro documentos consignan una plena potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva de ejercer los tributos. (Hoy están enfrentados al gobierno de Evo Morales por el Bono Dignidad, que se entrega a los ancianos de escasos recursos por ley nacional). En esas propuestas la estructura de gobierno, idéntica para los cuatro departamentos, consiste en una asamblea legislativa y un ejecutivo departamental (gobernador). Ambos son los órganos del gobierno autónomo de cada región, con funciones y objetivos específicos. Sobre los órganos electorales, con leves variantes pretenden regular, desarrollar, vigilar y controlar los procesos electivos para gobernador, vicegobernador, subgobernador y corregidor en cada jurisdicción. En cuanto a la policía, Santa Cruz establece la creación de su propia institución del orden público, y Tarija designa a su gobernador como comandante departamental a esos efectos. Esto es considerado absolutamente inadmisible por el gobierno.

En suma, los estatutos de autonomía pretenden crear cuatro estados por fuera del poder central, donde no regirían las leyes de la República, cuyas tierras y recursos estarían en manos de los sectores oligárquicos de esas regiones, y no de la nación en su conjunto.

Un interesante estudio de Pilar Lizárraga («Bolivia: la posibilidad de una sociedad poscolonial») revela el trasfondo del actual conflicto. Dice que Bolivia cambió radicalmente tras las elecciones de 2005 y 2006 «cuando un indio, un sujeto colonial que representa históricamente la marginalidad y la opresión, llega a la presidencia: un acontecimiento excepcional». Agrega: «La propuesta del gobierno nacional consiste en una sociedad de iguales, sin jerarquizaciones dadas por las razas, los orígenes sociales, el género o las posiciones económicas. Para lograrla se necesita romper un orden de más de 500 años que fue resistido con diversas intensidades: desde las rebeliones de Tupac Katari en el siglo XVIII hasta los movimientos sociales campesinos, mineros, indígenas del siglo XX y el ciclo de rebeliones que comienza con la Guerra del Agua en 2000. La propuesta mayoritaria representada, además, en la Asamblea Constituyente reside en la ruptura del orden colonial mediante el diseño de un estado plurinacional, unitario (preservando la integridad territorial) y comunitario en el cual se expresen la diversidad y pluralidad cultural. Estas mayorías demuestran cómo es posible desde cosmovisiones y culturas políticas diferentes construir una idea de país que sea capaz de incluir a todos y, a su vez, respetar las singularidades de cada uno. Sin embargo, esta construcción no es aceptada por las minorías». Incluye en ellas a las autoridades de los departamentos de la «media luna» y a parte de la población mestiza. «Para estos sectores el gobierno en manos de un indio es una verdadera afrenta a lo que por años han construido y no están dispuestos a abandonar». Concluye que deberán aceptarlo en el cuadro de una América Latina con profundas transformaciones y si desean «vivir en paz y democracia como lo proponen los pueblos originarios y los sectores democráticos de la sociedad».

 

ONCE REFERENDOS

Es posible que en Bolivia se realicen en 2008 hasta 11 referendos (seis departamentales por gobiernos autónomos, tres nacionales en el marco de la nueva Constitución y revocatoria de presidente, y dos locales). En el referido a la Constitución, se deberá dilucidar si los propietarios de tierras podrán poseer una extensión mayor a 5 mil o a 10 mil hectáreas.