Alerta en Bolivia

Llaman asimismo a todas las fuerzas políticas bolivianas «a mantener un clima de diálogo y entendimiento». El presidente Evo Morales recibió el apoyo expreso de todos sus pares (de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Venezuela) ante la difícil situación que enfrenta su país por obra de ataques que, como lo dijo, «pretenden desintegrar la nación».

Esto es lo que subyace, en efecto, en los proyectos de presunta defensa de las autonomías esgrimidos por los prefectos de lo que ha sido descrito como «la rica e industrial Santa Cruz, la gasífera Tarija, la ganadera Beni y la forestal Pando». Más exactamente, las oligarquías de esos departamentos que configuran la «media luna», en un operativo conjunto que tiene, además, un fuerte componente racista contra los indígenas y campesinos que conforman la base fundamental del gobierno y del MAS. A ellos se ha unido

el prefecto de Cochabamba, el reaccionario Manfred Reyes Villa. Lo que se proponen, lisa y llanamente, es la desintegración de Bolivia, su desmembramiento, la división del país, la separación de esos departamentos respeto al poder central, la pérdida de la unidad territorial (que ya ha sufrido varias amputaciones en el pasado). Procuran formar un estado aparte con los departamentos citados, no aceptar el poder central, rechazar la Constitución y las leyes y acaparar sus riquezas en beneficio exclusivo de las capas oligárquicas y no de toda la nación. Tal es el denominador común de los estatutos de autonomía de dichos departamentos, referido en particular al control político, la propiedad de la tierra y el sistema tributario. A ello se ha agregado el reclamo de la capitalidad para Sucre, que es la capital del departamento de Chuquisaca pero que se pretende erigir en capital de la nación, en reemplazo de La Paz. En Sucre sesionaba la Asamblea Constituyente, pero las acciones violentas de grupos opositores (que provocaron tres muertes) imposibilitaron su funcionamiento. El prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, renunció el 7 de diciembre y se exiló en Perú, donde solicitó asilo político. Quedaron al margen del movimiento secesionista los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro.

Precisamente en Oruro reanudó sus labores la Asamblea Constituyente y aprobó el texto de la nueva Constitución, votada por el MAS y los partidos aliados y rechazada por la oposición. La misma fue entregada por la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, al presidente Evo Morales el sábado pasado en La Paz. Los prefectos díscolos y la oposición no la aceptan. Tampoco aceptan el Bono Dignidad, que beneficia a sectores desvalidos con aportes de la renta petrolera que pagan las empresas por la ley de nacionalización. El presidente llamó al diálogo y a una tregua para Navidad, lo que fue rechazado. Entonces propuso una fórmula para zanjar el diferendo. Consiste en someter a referéndum popular el texto de la nueva Constitución, particularmente en lo relacionado con el límite máximo de propiedad de la tierra. Por otro lado, se sometería a referéndum los cargos de presidente y de los prefectos, que serían destituidos si los votos en contra superan los que alcanzaron para ser designados en el cargo. En 2008 podrían realizarse en Bolivia hasta once referendos: seis departamentales por gobiernos autónomos, tres nacionales ­en el marco de la nueva Constitución y revocatorio de presidente- y dos locales. Pero colocaría la solución en manos del soberano.

En esta situación gravísima Bolivia merece la solidaridad de pueblos y gobiernos de América Latina contra las tentativas de desmembramiento del país por parte de lo que se llamó en su hora la rosca boliviana.